Los desaciertos en los juicios, los cuales generaron que asuntos importantes quedaran impunes, obligaron a la Fiscalía Adjunta de Alajuela a revisar todos los casos en investigación, para evitar fracasos durante los debates.
La medida la adoptó, a inicios del año, el fiscal adjunto Edwin Retana Carrera, cuando detectó la existencia de procesos incompletos, que eran elevados a juicios y, otros asuntos, cuyas pugnas se solucionaban en los debates.
Tras un primer análisis para diagnosticar el origen de las fallas, se determinó que había exceso de trabajo, pues cada uno de los 13 fiscales llevaba hasta 200 casos, al mismo tiempo.
“Lo malo era que la mayoría no era delito, pues se trataba de contravenciones o de asuntos que luego se debían pasar a juzgados civiles” , afirmó Retana.
Según Retana, al cerrar el 2013, en Alajuela tenían en trámite 2.587 expedientes, pero “cuando en enero empezamos a revisar cada caso, se bajó ese circulante; tanto es así que en mayo se llegó a 1.720 expedientes”.
Crisis. El caso que llamó más la atención sobre una posible deficiencia fue la absolutoria, dictada el 4 de junio pasado, de 10 custodios de la Policía Penitenciaria, a quienes se les había acusado por el asesinato del reo Johel Araya Ramírez, ocurrido en mayo del 2012, en Máxima Seguridad del centro penal La Reforma.
Al emitir el fallo absolutorio, el Tribunal de Juicio de Alajuela señaló a agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como los aparentes responsables del crimen, al tiempo que calificaron de “lamentable la investigación” del OIJ y de la Fiscalía.
“En ese caso ordenamos una nueva investigación, pero es que no solo tenemos el caso de Johel, donde la alarma fue más notoria. Hemos tenido otros asuntos, en donde nos hemos encontrado una investigación deficiente y no solamente del fiscal, sino también de la Policía, que no fue rigurosa”, afirmó Edwin Retana.
Para el fiscal adjunto de Alajuela, muchas de las deficiencias se deben a la saturación de casos.
“Lo que venía pasando era que el usuario veía a la Fiscalía como la instancia única para exponer sus conflictos. Viene y denuncia que una persona se dejó unos bienes o que alguien pasó y le hizo una amenaza. Esos casos no son delitos. El primero es un problema contractual que debe verse en la vía civil; el otro, la amenaza, es una contravención que corresponde al Juzgado de Contravenciones.
“Esos casos nos tenían saturados. Lo que hicimos fue que decidimos orientar al usuario en el camino que debe seguir. Antes se recibía la denuncia y el expediente se quedaba en un escritorio. El usuario nunca recibía una respuesta y el fiscal tenía tantos asuntos que ver, que pasaban los meses antes de que fuera desestimado”, explicó.
Al fiscal Retana también le preocupó detectar que una gran cantidad de asuntos se resolvían mediante un acuerdo entre las partes, cuando llegaban a juicio.
Citó, por ejemplo, que entre enero y mayo de este año, en Alajuela hubo 12 sentencias condenatorias, 27 absolutorias y 27 se resolvieron con medidas alternas.
“Eso es inaceptable. Estamos utilizando el Tribunal para una medida alterna, cuando los jueces están para fallar casos complicados. Es en la etapa preparatoria donde debe darse ese acuerdo entre las partes”, afirmó.
Según Edwin Retana, en esta materia se debe cambiar la visión del fiscal, pues no se trata solo de acusar y llevar a juicio, sino que la legislación ofrece otros instrumentos, como el proceso abreviado.
“ La idea que debe prevalecer es resolver el conflicto social a satisfacción de las partes”, manifestó.
El jefe de la Fiscalía de Alajuela dijo que parte de las medidas adoptadas buscan que cada fiscal lleve una cifra menor a 100 expedientes, situación que les permitirá controlar mejor las investigaciones.