La defensa del exministro de Vivienda Fernando Zumbado Jiménez rechazó ayer que se diera mal uso a fondos provenientes de un fideicomiso entre el Ministerio de Vivienda, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Taiwán.
Así lo afirmó el abogado Javier Blandino Herrera durante la etapa de conclusiones del juicio que se sigue al extitular de Vivienda y su asistente, Giselle Hay López, en el Tribunal de Juicio de Hacienda, en Goicoechea.
Blandino negó que a Hay se le pagara de manera doble el salario en el periodo del 6 de mayo del 2006 al 16 de marzo del 2007.
“No hubo doble pago ni se afectó la hacienda pública (...) en la acusación se distorsiona la realidad para afectar al imputado. No hubo mayor investigación. Tomaron una denuncia política, distorsionaron la realidad para afectar a los imputados, se perdió prueba, no existen (documentos) originales, todo son suposiciones”, sostuvo.
Antecedente. El Ministerio Público acusa a Zumbado de, presuntamente, gestionar la contratación de Giselle Hay como consultora dentro del plan de vivienda “Mejoramiento barrial y gestión de programas sociales innovativos”, que era financiado por el fideicomiso. A ella le pagaron $7.400 como consultora mientras percibía su salario como secretaria en el Ministerio de Vivienda.
El lunes anterior, la Fiscalía pidió que se condene a Fernando Zumbado a cuatro años de prisión por el delito de influencia contra la hacienda pública, y cinco años por el de enriquecimiento ilícito, cometidos en concurso ideal (es decir, los dos se dieron en un mismo hecho, y deja a criterio de los jueces fijar la pena, que no podrá ser la sumatoria de ambos montos, sino menor).
Para Hay, se pidieron cuatro años por influencia en contra de la hacienda pública y cuatro años por enriquecimiento ilícito, también en concurso ideal.
Durante la audiencia de ayer, el procurador de la Ética Pública, Rónald Víquez, pidió a Zumbado y Hay devolver los $7.400. Además, por daño social demandó que se exija a Zumbado pagar ¢15 millones y a Hay ¢10 millones, más las costas del juicio.