La Corte Plena ratificó este lunes el acuerdo que elimina la autorización para que jueces, fiscales y defensores públicos asistan por un año a clases de maestría en la Universidad Nacional (UNA) durante el día, mientras se contrata a alguien que los sustituya por ese tiempo.
Dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad el 21 de agosto anterior; sin embargo, en la sesión pasada, la magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda; así como Carmenmaría Escoto, de la Primera, habían solicitado una reconsideración del acuerdo, pues ellas no estuvieron en la votación.
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Por tal razón, Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, solicitó un criterio jurídico.
Este lunes, Karol Monge, del Departamento Jurídico del Poder Judicial, explicó a los magistrados que no se puede revertir el acuerdo porque la decisión fue tomada por más de 15 de los 22 magistrados, por lo que tiene firmeza y carece de recurso de revotaria, pues así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Magistrada insiste
Ante esa situación, Varela volvió a hacer un llamado a sus compañeros para que reconsideran lo acordado, pues estima que se afecta la capacitación que se le da al personal, para que obtenga maestrías en materia de derecho penal, familia y civil.
"Limitar recursos en capacitación es un riesgo para cualquier sociedad. La capacitación no debe ser el primer bastión que se elimina cuando hay crisis. La institución debería replantearse el tema. Debe replantearse porque creo que es un error histórico que la institución está cometiendo", manifestó Varela, quien considera que mujeres que viven fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) no podrán a asistir a clases en la noche.
Misma postura mantuvo la magistrada Escoto, quien indicó: "Acato lo que se ha estimado y no se va a llorar sobre la leche derramada, pero quisiera, por una cuestión de humanidad, de compañerismo por aquellas personas, solicitarles que para las mujeres de zonas rurales se otorguen las becas que pueda esta institución permitirles, en el entendido que hay materias, como la de familia, que ninguna institución privada pueden darlas".
Un criterio similar expresó el magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, quien comentó que no solo debería retormarse el programa como estaba, sino reabrir la posibilidad de que algunos funcionarios, previa valoración, puedan ejercer posgrados fuera del país.
Por su parte, Luis Fernando Salazar, de la Sala IV, manifestó su apoyo a lo acordado en las sesiones anteriores debido a que esta medida va a generar un ahorro para la institución.
Por año, este convenio con la Universidad le genera un gasto al Poder Judicial de ¢1.315 millones entre salarios de los becados y quienes los reemplazan durante 12 meses.
"El ahorro de casi ¢1.500 millones, en momentos donde la Corte tienen que ver cómo hace para cumplir con el presupuesto, es muy loable el esfuerzo que se hizo al plantear esto en Corte Plena", enfatizó.
El magistrado Román Solís, de la Sala Primera, comentó que el rector de la UNA, Alberto Salom, les envió una carta los magistrados donde les decía que no estaba de acuerdo con la medida, por lo que comentó: "Las situaciones deben ser comprendidas desde la perspectiva de la crisis presupuestaria".