El Consejo Superior del Poder Judicial prohibió a sus funcionarios impartir lecciones dentro de la jornada laboral, en cualquier universidad, a partir de este año.
Así se acordó desde el 20 de agosto del 2013, cuando se dispuso no conceder más permisos para dar clases porque, según indicaron los miembros del Consejo, impartir lecciones “no es un derecho” sino una “concesión potestativa del patrono”.
El año pasado, por ejemplo, el Poder Judicial autorizó a unos 53 funcionarios para que se ausentaran del trabajo con el fin de que dieran clases en universidades públicas y privadas dentro de su horario laboral, según constan en las actas del Consejo Superior.
Para obtener ese permiso, los trabajadores –en su mayoría jueces y fiscales– tuvieron que demostrar que llevaban al día las tareas de sus oficinas.
De hecho, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la jurisprudencia de la Sala Constitucional permiten, con permiso previo, que los funcionarios se ausenten por 10 horas semanales: cinco para lecciones y cinco en preparación, revisión de exámenes, etc.
Prohibición. En la sesión de agosto pasado, los miembros del Consejo señalaron que la cantidad de autorizaciones otorgadas anualmente incide de manera directa sobre la prestación oportuna del servicio público y, en la calidad de la administración de justicia.
Pese a que La Nación consultó al Poder Judicial si había un estudio que revelara el número de funcionarios que dan lecciones dentro de su jornada laboral y el impacto que implican sus ausencias en el servicio, no lo tenían.
José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial, señaló que existe una necesidad de reglamentar y restringir el choque de horarios entre el ejercicio de la judicatura y el ejercicio docente. “Lo que queremos es evitar abusos y que haya traslapes de horarios sin control”, dijo.
Por su parte, la presidenta de la Corte, Zarella Villanueva ha mantenido una posición contraria al ejercicio docente de los funcionarios judiciales.
“He mantenido el criterio de no conceder. Nuestra función principal es administrar justicia, nos involucra a todos y para ello se nos remunera. Las víctimas y las personas usuarias de nuestro servicio merecen una resolución pronta a su caso concreto. Desde mi perspectiva, no puede haber ninguna circunstancia dentro de la jornada ordinaria que limite la prestación del servicio público”, explicó.
Reacción. Diversos sectores han reaccionado en contra de la prohibición. La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió al Consejo revocar la medida, el pasado 25 de noviembre, pero la petición fue rechazada.
Luis Salazar, presidente de la AED, señaló que por décadas jueces, fiscales y defensores han impartido lecciones en la UCR y esto no ha incidido de forma negativa en la administración de justicia.
Además, expresó preocupación porque a los alumnos del horario diurno se les lesionará su derecho de acceso a la educación de calidad, ya que los profesores en ese horario que son funcionarios judiciales solo podrán dar clases de noche.
Por su parte, Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), aseguró que esa prohibición es una “interpretación restrictiva en contra de la ley”.
Añadió que “muchos estudiantes con jornadas diurnas no tendrán la posibilidad de recibir clases con profesores de amplísima carrera judicial y docente”.
Asimismo, Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho de la UCR, y quien renunció en febrero del 2013 como juez de apelaciones para dedicarse a la academia, indicó: “Si perdiéramos esos profesores, tendríamos una universidad a dos velocidades: únicamente con litigantes en la mañana y los profesores de la tarde, los que vengan del Poder Judicial”.
Para Chirino, es necesario tener un equilibrio, por lo que ha mantenido negociaciones con Villanueva para que el cambio de horario de los cursos para los estudiantes sea de manera escalonada y paulatina.
Durante el segundo semestre del 2013 había 73 profesores impartiendo lecciones en la Facultad de Derecho de la UCR, de los cuales 32 fueron del posgrado.
La docente Rosaura Chinchilla, quien también es jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, consideró: “La prohibición generalizada parece traducirse en un ‘autismo intelectual’ de un sector del Poder Judicial, que desconoce que la UCR es uno de los grandes empleadores en la rama jurídica”.