La Corte Plena acordó este lunes dar una audiencia a los magistrados de la Sala Tercera para que expliquen las razones por las cuales se desestimó una causa relacionada con el caso del cemento chino, por un supuesto tráfico de influencias en contra de dos exdiputados.
La decisión la tomaron este lunes a las 6:15 p. m. y se determinó citar a los altos juces de la Sala Tercera para el lunes 2 de julio, confirmaron varios magistrados.
El informe, de carácter disciplinario, tiene relación con una decisión tomada el 20 de febrero del 2017 por los altos jueces Carlos Chinchilla Sandí, Doris Arias Madrigal, Celso Gamboa Sánchez (ya destituido), María Elena Gómez Cortés y Jesús Ramírez Quirós.
Ellos desestimaron abrir un proceso penal contra los entonces legisladores Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Este delito se castiga con dos a cinco años de cárcel.
La denuncia original indicaba que, supuestamente, Guevara y Morales se habían aliado para que el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera reformara el Reglamento Técnico de Cemento, que limitaba la importación de cemento extranjero y así favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, para traer material desde China.
El informe de la causa lo presentó la fiscala subrogante, Berenice Smith Bonilla, pues para ese momento el fiscal general Jorge Chavarría Guzmán estaba de vacaciones. Smith indicó que no se había hallado prueba contra los hoy excongresistas y, por tal motivo, pidió la desestimación de la causa.
"Infiere el Ministerio Público que a partir de una ponderación de las pruebas allegadas y de un análisis del procedimiento que medió en la promulgación del nuevo decreto ejecutivo, no puede establecerse la tipicidad de la conducta denunciada a los investigados, ni que con la variación de las restricciones para la nacionalización del cemento, la empresa Sinocem S.A., fuese a alcanzar altas ventas o fuese a incursionar en el mercado nacional de forma exitosa, obteniéndose con ello ganancias cuantiosas para el dueño de dicha corporación", alegó la Fiscalía.
Los magistrados de la Sala Tercera acogieron, por unanimidad, la solicitud de la fiscala, según el voto 2017-134.
En octubre pasado, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla (uno de los magistrados señalados por esa desestimación) pidió al Tribunal de la Inspección Judicial determinar si el Ministerio Público les indujo a error a él y a los demás magistrados penales que tomaron la decisión.
Además, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) planteó una queja por esa resolución.
En la sesión de este lunes, estuvieron ausentes los magistrados titulares de la Sala Tercera. El campo de ellos lo ocuparon suplentes.