Por mayoría, la Corte Plena enterró ayer cualquier valoración o cuestionamiento, en esa sede, de la sentencia, en firme, del juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, quien ordenó una medida correctiva para reubicar a 370 reos de la cárcel de San Sebastián.
El acuerdo surgió ayer, luego de que el lunes de la semana pasada, el magistrado Carlos Chinchilla solicitó un espacio para “discutir” la resolución del juez Murillo en el seno de la Corte Plena.
Cinco magistrados de la Sala Constitucional retiraron su voto para evitar inhibirse luego, en caso de que deban conocer algún recurso sobre ese mismo tema.
La presidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva, afirmó: “Nadie, ningún integrante de esta Corte va a revisar ninguna resolución de un juez de la República. Esta ha sido la posición histórica de esta Corte, es lo que hemos defendido y defenderemos como cuerpo colegiado”.
Esas palabras provocaron una lluvia de aplausos entre el público que abarrotó el salón de sesiones de la Corte Plena. Ese órgano reafirmó que las sentencias de los jueces son intocables, en esa sede administrativa, o en cualquier comisión especial.
El mismo efecto causó el magistrado Fernando Cruz al decir: “Qué interesante lo que dijo mi estimable compañero Fernando (Castillo), que esto que hemos discutido hoy (sobre la independencia judicial), es llover sobre mojado. ¡Qué mojada!, ¿verdad?, porque es reiterar algo que hace ocho días no parecía muy claro. En este tema de la independencia interna, hay mucha tela que cortar”.
Pancartas. Una manifestación pacífica de funcionarios judiciales y familiares de privados de libertad, frente al edificio de la Corte, fue la antesala de la sesión de ayer. Con pancartas, banderas y globos, llegaron jueces, defensores, profesores, estudiantes de Derecho y sindicalistas.
“Mi yerno tiene más de año y medio de estar en San Sebastián. Debe descontar una sentencia de ocho años. Me ha dicho que no hay campo en los dormitorios, hay demasiada gente. Vengo a apoyar para que todos los privados de libertad tengan una mejor vida ahí dentro”, expresó Olga Picado.
Comisión. El viernes anterior, la magistrada Magda Pereira propuso a sus compañeros de la Sala Tercera que se retirara la solicitud del espacio en la agenda de Corte Plena, en el que se discutiría la sentencia del juez Murillo.
Según dijo Carlos Chinchilla, Pereira lo pidió así para “dirigir la discusión” a una comisión interinstitucional entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para aportar soluciones integrales al problema del hacinamiento.
Solo el magistrado José Manuel Arroyo se opuso a ese acuerdo por considerar que se estaba “diluyendo” el tema de fondo; es decir, la intromisión en la independencia judicial.
“Una cosa es la posibilidad de imponerse porque soy la autoridad y otra cosa es la autoridad que se construye con argumentos, razones y un marco jurídico respetable. Si nosotros, por estar donde estamos, creemos que podemos imponernos, estamos equivocando gravemente el tema”, manifestó Arroyo.
Por eso, la magistrada Villanueva pidió a la Sala Tercera aclarar que no conocería ninguna resolución de un juez.
Carlos Chinchilla respondió que la intención de ese acuerdo no era discutir el fallo de Roy Murillo en la comisión, sino aportar ideas al hacinamiento carcelario, en virtud de que el miércoles pasado –según dijo–, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, lo llamó para exteriorizarle sus inquietudes por la sobrepoblación penitenciaria.