La Corte Plena determinó este lunes que se necesitan 38 votos de diputados para que se apruebe una reforma al Código Procesal Penal (CPP), en la cual se pretende obligar a todos los imputados a estar presentes durante el desarrollo de la audiencia preliminar.
La decisión la tomaron los magistrados por mayoría de 19 votos, al emitir criterio sobre el contenido del proyecto de Ley 22.150, que se tramita en la Asamblea Legislativa y en el cual se pretende incorporar al artículo 316 del CPP la frase: “Se ordena la presencia del imputado o imputados, en la audiencia preliminar”.
Para los integrantes de la Corte Plena, de aprobarse esta modificación, se afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y por tanto el plan para convertirse en ley de la República debe contar con el voto de mayoría calificada de diputados, es decir 38 legisladores.
Aunque el cambio en la normativa es mínimo, se estima que los efectos podrían ser muy importantes consideraron los altos jueces.
Al respecto explicaron que la normativa actual no considera necesaria la comparecencia del acusado. Al respecto el artículo 318 del CPP dice: “A la audiencia (preliminar) deberán asistir, obligatoriamente, el fiscal y el defensor”.
En cambio, el proyecto legislativo que es impulsado por los diputados Floria Segreda Sagot, Carlos Avendaño Calvo, Xiomara Rodríguez Hernández y Mileidy Alvarado Arias, procura que sea obligatoria la presencia del imputado.
En la exposición de motivos del plan, los legisladores argumentan que si el imputado no está en la audiencia preliminar no tendrá ninguna oportunidad de recibir alguna solución alterna al conflicto, como sería la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión del proceso a prueba.
Asimismo, que “muchas veces (...) los imputados se dan el lujo de no llegar (...) lo cual obliga a que se deba aplazar la audiencia preliminar (...) con lo cual la misma deberá ser establecida nuevamente (...) atraso que le cuesta al estado, miles de colones”.
Oposición judicial
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal, y quien se encargó de analizar el proyecto, dijo que la iniciativa presenta contradicciones y ponerlo en práctica afectará la administración del Poder Judicial.
“En muchas ocasiones, cuando los imputados están detenidos simplemente señalan que no quieren ir a la audiencia preliminar y la audiencia continúa. Obligarlos a presentarse significa aplazar gran cantidad de audiencias, por la no presencia del imputado, y a trasladar a una gran cantidad de personas detenidas a audiencias, que en este momento no se hace.
“Esta reforma implica eventuales declaratorias de rebeldía, el aumento de notificaciones que actualmente no están previstas. Esto puede traer consecuencias adversas como un crecimiento en la mora judicial y el estancamiento de los asuntos”, añadió.
Por su parte, Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que le llamaba mucho la atención que en la exposición de motivos del proyecto se hable de un perjuicio económico por las suspensiones debido a la inasistencia de los encausados, cuando el dato no es correcto.
“Me preocupa que tengamos muchas veces reformas que no responden a un sustento adecuado”, agregó.