A inicios de 1999, el Poder Judicial colocó, en un terreno en Hatillo 1, la primera piedra de una nueva sede judicial de tres torres que planeaba construir.
En ese momento, se habían pagado ¢222 millones a una empresa para la elaboración de los planos constructivos.
Diecisiete años después, la obra no se ha hecho y ahora se deberán cancelar ¢325 millones más por la actualización de los planos, es decir, en total, costarán ¢547 millones.
De acuerdo con Luis Guillermo Rivas, magistrado de la Sala Primera y presidente de la Comisión de Construcciones de la Corte, los planos se deben actualizar porque “fueron hechos para la realidad de hace 20 años” y entraron en vigencia leyes como la Ley 7.600 de acceso para personas con discapacidad, actualización del Código Sísmico y salidas de emergencia, entre otros requisitos.
Para dicha actualización de planos se contrató a la empresa Consultécnica S.A., la misma compañía que los realizó la primera vez.
Según informó la oficina de prensa de la Corte, la decisión de actualizarlos con la misma empresa le permitió a la institución “obtener un ahorro”, pues si se hubiera optado por la contratación de nuevos planos, la suma por pagar habría sido de unos ¢1.378 millones.
Falta de presupuesto. El magistrado Rivas indicó que esta obra se vio rezagada porque desde el año 2000, el presupuesto del Poder Judicial se vio disminuido y aumentó la planilla, lo cual provocó que los planes de construcción se estancaran.
“Fue creciendo la planilla del Poder Judicial hasta ocupar el 87% del presupuesto. Queda como un 13% para labores de administración y desde luego que estas partidas son grandes y han hecho imposible la posibilidad de construir”, dijo.
A raíz de esa situación, se buscaron nuevas formas de financiar el proyecto de Hatillo y se acordó que la mejor alternativa era un fideicomiso que se negoció con el Banco de Costa Rica (BCR). Este ya fue aprobado por la Corte y autorizado por la Contraloría General de la República (CGR), el 26 de noviembre del 2015.
El nuevo edificio tiene un costo inicial de $50 millones. Una vez que se inicie la obra, el plazo de construcción máximo será de 24 meses.
Rivas prefirió no mencionar una fecha de inicio ni de conclusión del inmueble, pero dijo que espera que sea a “corto plazo”.
El diseño consiste en una obra de 35.000 metros cuadrados que incluye tres torres.
En el nuevo complejo judicial se espera albergar oficinas del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), personal administrativo y salas de audiencias, ubicadas en el sur y el este de la capital.
La idea es que se dejen de alquilar edificios, explicó Rivas.
El fideicomiso actualmente está en fase de ejecución, específicamente en etapa de planos de anteproyecto.
En ese proyecto están incluidas otras obras de la Corte.
“Las obras se pagan por cuota. Depende del valor de cada obra y el plazo de arrendamiento”, enfatizó la oficina de prensa de la Corte al hacerse la consulta sobre los montos que deberán cancelar.
En el presupuesto del Poder Judicial del 2017 se deberán incluir los pagos que se harán por el fideicomiso, agregó Rivas.