La Corte Plena consideró este lunes que un proyecto de ley, que pretende crear un centro de capacitación para los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
La decisión la tomaron porque en criterio de los magistrados el plan, que está en el expediente 21.643 en trámite en la Asamblea Legislativa, no señala cuál será la fuente de financiamiento y los nuevos gastos se tendrían que asumir del presupuesto ordinario, que estiman es insuficiente.
El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, quien tuvo a cargo el análisis de la iniciativa, dijo que el proyecto conlleva la contratación de más recurso humano y que se tenga que aportar infraestructura, al tiempo que advirtió que el proyecto no precisa de dónde se obtendrán los recursos.
“El plan permite vislumbrar que se incremente la planilla del Organismo y por ende su presupuesto” explicó el magistrado.
El juez consideró como idóneo que la capacitación de los funcionarios del OIJ este a cargo del mismo Organismo y no de la Escuela Judicial, como sucede en este momento, pues dijo que eso redundará en un mejor control de los resultados.
“El quehacer de los funcionarios del OIJ conlleva una complejidad que amerita una injerencia directa de personas especializadas. Siendo por eso que el sea el órgano superior de esa entidad el que dicte las pautas a seguir en los cursos de capacitación. Sin embargo, dados los problemas presupuestarios del Poder Judicial, se considera inconveniente que esta ley entre en vigencia, sin que estén garantizados los recursos económicos necesarios para la creación del centro de capacitación”, manifestó Alfaro.
Con esta decisión, el proyecto denominano Ley de Creación del Centro de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, para ser aprobado, requiere del voto de 38 diputados de la Asamblea Legislativa.
Otros pronunciamientos
Los magistrados también se pronunciaron de manera desfavorable sobre otros dos proyectos en trámite en el Congreso y los cuales también afectan el funcionamiento del Poder Judicial, pues le atribuyen nuevas responsabilidades, pero sin proveer el dinero para implementar los cambios.
Uno se denomina Adición de Varios Artículos a la Ley 9271 para Regular el Uso de Mecanismos Electrónicos Alternativos al Cumplimiento de la Pena para Privados de Libertad, que consta en expediente legislativo 21.624.
Dicho plan, en el artículo 13, establece que corresponde a los jueces sentenciadores y de ejecución de la pena, en conjunto con el Ministerio de Justicia, la supervisión y vigilancia de los mecanismos electrónicos de vigilancia, que se denominan como tobilleras.
Según la magistrada Patricia Solano, encargada de estudiar el proyecto, sería atribuir labores administrativas de control a los jueces, lo que implicaría que los despachos requerirán de mayor personal y de nuevos equipos electrónicos.
El último proyecto que analizaron se llama Reforma Integral a la Ley Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, Ley número 9699, que entre otros aspectos otorga a la Defensa Pública la responsabilidad de representar a las sociedades en un proceso penal.
Para los magistrados, en caso de ratificarse este plan en el Congreso, la Defensa Pública deberá adiestrar a los funcionarios para atender este tipo de procesos, lo que significaría una erogación adicional.