Los magistrados de la Corte Plena aprobaron ayer, en sesión extraordinaria, crear una comisión de alto nivel que investigue la penetración del narcotráfico en el Poder Judicial.
Este encuentro fue convocado por Zarela Villanueva, presidenta del Poder Judicial, luego de que la jueza de Limón Rosa Elena Gamboa fue involucrada por la Fiscalía con el cobro de ¢20 millones para liberar a un narco.
En la sesión, el magistrado de la Sala Constitucional Ernesto Jinesta fue quien propuso que se formase una comisión de alto nivel El grupo quedó integrado por Villanueva, el vicepresidente José Manuel Arroyo y los presidentes de las cuatro Salas: Luis Guillermo Rivas (Primera), Orlando Aguirre (Segunda), Carlos Chinchilla (Tercera) y Gilbert Armijo (Constitucional).
Por otro lado, participarán el fiscal general, Jorge Chavarría, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Francisco Segura.
Ellos deberán rendir un informe, en 30 días, con un mapeo de las regiones y los despachos judiciales con mayor vulnerabilidad de ser permeados por el narcotráfico y el crimen organizado. También deberán aportar soluciones a corto plazo.
“Evidentemente, se rompe la confianza en el Poder Judicial desde el momento en que, según las informaciones que han trascendido en la opinión pública, el Poder Judicial está penetrado por el narcotráfico. Esta Corte debe decretar un estado de urgencia y de necesidad para adoptar medidas inmediatas y atender esta situación tan grave que estamos viviendo”, expresó Jinesta.
Propuestas. Otros magistrados también propusieron más acciones, las cuales fueron aprobadas. Por ejemplo, Fernando Castillo pidió que se coordine con la Contraloría General de la República para darles seguimiento a las declaraciones juradas que los jueces rinden ante dicho órgano, así como implementar la rotación de jueces en áreas vulnerables.
Paul Rueda también planteó que el Poder Judicial tenga acceso a esa declaración jurada de los jueces para revisar si sus niveles de vida coinciden con sus ingresos.
Además, Rueda señaló que debe mejorarse y revisarse cada cuatro años el estudio de vida y costumbres de los jueces para que no sean solo al inicio de su nombramiento.
Carlos Chinchilla expuso que deben crearse mayores controles en el nombramiento de jueces, facilitar y establecer mecanismos de denuncia y participación ciudadana en casos de corrupción de funcionarios judiciales.
Hasta ahora, Villanueva reconoció que han trabajado en implementar un tribunal especializado en crimen organizado, en San José, con jurisdicción para resolver casos en todo el país.
Por otro lado, están reforzando el Tribunal de la Inspección Judicial para que investigue, a nivel disciplinario, las faltas de los jueces involucrados en narco.