La Corte Plena aprobó este martes, en una sesión extraordinaria, el plan de gastos para el 2021, sin contemplar el pago de ningún ajuste salarial para los trabajadores judiciales.
Una mayoría de 18 magistrados votaron por aprobar la propuesta y dos en contra (Nancy Hernández de la Sala Constitucional y Rocío Rojas de la Sala Primera). Se abstuvieron Fernando Castillo y Paúl Rueda, ambos de la Sala Cuarta.
El presupuesto, que debe ser enviado antes del 15 de junio al Ministerio de Hacienda, es de ¢468.793 millones, lo que representa un decrecimiento de 0,82% en relación con las erogaciones del 2020 que fueron de ¢472.677 millones. La reducción es de ¢3.884 millones.
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La proyección de desembolsos, que fue elaborada por la Unidad de Planificación del Poder Judicial, toma en cuenta las limitaciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018 por la Asamblea Legislativa.
Nacira Valverde Bérmudez, directora de Planificación, dijo que luego de revisar el plan de gastos "se ajustó el presupuesto al límite estipulado por el Ministerio de Hacienda (...) con cero crecimiento en plazas. Para cumplir, se tomaron una serie de acciones que comprendieron reajustes en materia de sustitución de personal y readaptaciones en los diferentes programas”.
Con respecto al tema de los pluses salariales, hay que recordar que el 19 de marzo del 2019 la Corte Plena, con el apoyo de 14 magistrados, decidió mantener de forma porcentual los incentivos salariales que hubieran adquirido los funcionarios judiciales antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sin embargo, La Contraloría Genera de la República dispuso que el Poder Judicial debe someterse a los establecido en dicha norma, en la cual se establece que el cálculo de dichos pluses debe ser nominal, es decir, un monto fijo.
La aplicación de pluses porcentuales o nominales es un tema que dirimirá la Sala IV, cuando vote una acción de inconstitucionalidad planteada al respecto, por el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz.
En el presupuesto se dispuso no incluir ningún ajuste salarial, pues así lo ordenó el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia por el nuevo coronavirus.
Limitaciones
Nacira Valverde, al exponer el proyecto de las erogaciones del próximo año, dijo que no se contemplan la implementación de siete nuevas leyes, lo cual implicaría un gasto adicional de ¢25.619 millones.
Se trata del Código Procesal Agrario, el Acceso a la Justicia para Poblaciones Indígenas, la Ley de Justicia Restaurativa, el Código Procesal de Familia, la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada y la creación y reforzamiento de las oficinas anticorrupción.
Paralelamente, la directora de la Defensa Pública, Diana Montero, hizo ver a los magistrados la necesidad de que se abran 33 plazas para defensores públicos para que atiendan las demandas por pensiones alimentarias.
“Se trata de una gestión que venimos haciendo desde el 2017 para atender a gente de zonas vulnerables y donde no hay defensores públicos”, agregó.
La gestión la presentó, pues desde el 14 de agosto del 2009 la Defensa Pública quedó obligada a atender en forma gratuita a aquellas personas que pretendan hacer valer sus derechos en materia de familia y no cuenten con recursos económicos. La orden está contenida en un fallo de la Sala Constitucional.
Sin embargo, Nacira Valverde respondió: “Las 33 plazas son extras. No pueden incluirse en el presupuesto ordinario sino en uno extraordinario (...) Como pueden ver los gastos solo alcanzan para lo básico y las necesidades que tiene la institución. En este presupuesto no hay posibilidad de incluir nada mas. No es posible incluir mas gastos”.