El exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Mario Calderón Castillo, fue condenado a tres años de prisión por un caso del 2002-2003, confirmó ayer la oficina de prensa del Poder Judicial.
La pena fue impuesta por el Tribunal Penal de Juicio de Hacienda al encontrar a Calderón responsable del delito de concusión, que se comete al inducir a otro a dar un bien a un tercero.
Por el mismo caso, los jueces también condenaron con similar pena a Bernal Soto Saborío, quien fungía como asesor de Calderón.
Ambos quedaron sentenciados a pagar una acción civil de ¢3 millones a favor del Estado, más los intereses, de acuerdo con la decisión de los jueces Elizabeth Montero, Ilem Meléndez y Gabriela Jara.
Mario Calderón (legislador por Alajuela entre 2002-2006) dijo ayer a La Nación que prefería no referirse al fallo, pero advirtió de que está esperando la sentencia completa para estudiarla y ver la posibilidad de presentar una apelación.
Antecedentes. Los hechos que se juzgaron sucedieron durante los años 2002-2003. En aquel momento la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) entregó, en dos desembolsos, ¢3 millones a la Asociación de Desarrollo Integral de Rincón, en el distrito de la Guácima, Alajuela, para el arreglo de una calle en esa comunidad.
Dichos depósitos se hicieron el 17 y 23 de diciembre del 2002, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público y la acción civil presentada por la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, el exlegislador solicitó a la Asociación que le pasaran a él los fondos para encargarse del arreglo. El dinero fue entregado a Bernal Soto Saborío, el 3 de noviembre de 2003, según el documento de la Fiscalía.
Debido a que la calle no fue reparada, Dinadeco solicitó a la Asociación que devolviera el dinero.
En ese momento, los directivos comunales explicaron que habían transferido los fondos a Mario Calderón, quien solicitó un tiempo para rendir cuentas. Pero nunca lo hizo y el asunto pasó a manos del Ministerio Público.
En mayo del 2005, la Fiscalía decomisó varios expedientes, tanto en Dinadeco como en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), donde se detallaba cómo el diputado Calderón había recibido dinero otorgado a varias comunidades de Alajuela.
Por esos hechos, en abril del 2005 el Comité de Ética del PUSC separó al legislador por cuatro años, pero Calderón dijo ayer que desde aquel momento se retiró de la política.