El abogado de la familia de Luany Valeria Salazar Zamora, buscará el 18 de enero del 2022 que se eleve de 19 a 50 los años de prisión para Kenneth Enrique Mejía Chavarría por el asesinato de la joven, registrado en junio del 2020 en Linda Vista de Río Azul, en La Unión, Cartago.
A mediados del primer mes del año se realizará en la sala 6 de los tribunales de la Vieja Metrópoli, la audiencia para conocer la petición de todas las partes involucradas en este caso, ya que el Ministerio Público y la defensa del hombre también gestionaron una apelación.
Joseph Rivera Cheves, representante de los allegados de Luany, manifestó a La Nación que el objetivo es que se le impongan 35 años de cárcel por un delito de homicidio calificado y 15 por un robo agravado, aunque reconoce que por ocurrir ambos hechos en un mismo momento podría readecuarse el castigo carcelario por las reglas del concurso material, en caso de que se acoja su solicitud.
Agregó que conversó con el representante de la Fiscalía y que también irán en su misma línea. Además, dijo que “solo se va a discutir el monto de la pena, porque ya se demostró que él es culpable, que él la mató”, precisó Rivera.
Por su parte, José Francisco Herrera Umaña, representante legal de Mejía, indicó que pretende “que se absuelva de toda pena y responsabilidad por la falta de pureza en la prueba” a su defendido.
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Los hechos
El pasado 12 de julio el Tribunal de Juicio de Cartago condenó a Mejía por un delito de homicidio simple (18 años) y de un hurto agravado (un año), al considerar que la falta de pruebas impidió comprobar ensañamiento contra la muchacha. El fiscal Adrián Coto había pedido una pena de 50 años, desglosada en 35 años por el homicidio calificado y 15 años por un robo agravado.
Luego de dictarse la sentencia en este caso, hubo un reclamo de la madre de la joven, Ana Patricia Zamora Masís, del colectivo Familias Sobreviviendo al Feminicidio y del Instituto Nacional de las Mujeres, (Inamu). “Es difícil conciliar la forma en que fue perpetrado el acto, así como los engaños del asesino para ocultar el cuerpo, con la calificación que da lugar a la sentencia impuesta por el Tribunal” señaló en aquel momento Marcela Guerrero Campos, ministra de la Condición de la Mujer.
Para Guerrero, es una aspiración que en juicios por delitos en los que haya mediado violencia contra la mujer se aparte cualquier sombra de prejuicios en su contra. “Es necesario que se reconozca que la violencia contra las mujeres es estructural, que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y que cada investigación y cada sentencia constituya un mensaje transformador de no permitir una muerte más de una mujer por el hecho de ser mujer”, dijo la jerarca.
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Luany Salazar salió de su casa, en Linda Vista de Río Azul el martes 9 de junio del 2020 por la noche y no regresó. El miércoles, a las 6:40 a. m., su mamá, Ana Patricia Zamora, recibió un mensaje del número de la joven, en el que esta le decía que ya casi llegaba, pero no fue así. Al llegar la noche y no tener noticias, la preocupación aumentó y la familia empezó a preguntar por ella. Una amiga que estuvo con Salazar dijo que estuvieron en una fiesta donde unos amigos y, luego, presuntamente, llegó Kenneth Mejía y le dijo que tenía un negocio y se fueron juntos. Después, no los volvieron a ver.
Fue hasta el lunes 16 de junio que un hermano de la fallecida ingresó a una propiedad en la cual vivía Mejía y, luego de escarbar en el patio trasero, encontró el cadáver. La autopsia determinó que el cuerpo de la joven presentaba siete heridas de arma blanca; dos de ellas fueron mortales.
Kenneth Mejía no tenía oficio conocido y en la casa en Linda Vista vivía con su abuela, una mujer de 86 años. Luego de la desaparición de Luany Salazar, a este hombre no se le volvió a observar en el barrio y fue detenido por la Fuerza Pública el martes 17 de junio del 2020, cuando salió de una casa en San Pablo de Heredia. Desde ese momento, ha permanecido en prisión.