El traslado del empresario Carlos Cerdas Araya, presidente de la constructora MECO, desde las celdas en los Tribunales de Goicoechea hasta algún centro penitenciario de Adaptación Social no se pudo ejecutar este martes por falta de espacio.
La saturación de cárceles impidió este martes su movilización, pues desde hace años los centros penales enfrentan sobrepoblación, y más aún desde que comenzó la pandemia. Será la dinámica de ingresos y egresos la que permita definir el momento de llevarlo a prisión.
Sea cual sea el centro penitenciario adonde sea llevado, en primera instancia estará durante 14 días en el módulo de aislamiento por medidas sanitarias, para pasar luego a celdas, mientras avanza el proceso de investigación del Caso Cochinilla, el cual puede terminar en una solicitud de elevación a juicio o en un sobreseimiento o fin de la causa.
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó cuatro meses de prisión preventiva contra el empresario, pero según el fiscal adjunto anticorrupción, Glen Calvo Céspedes, el Ministerio Público puede pedir prórrogas que mantendrían presos hasta por dos años a los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, propietaria de H Solís.
De igual forma, cada tres meses, el Juzgado Penal debe analizar de oficio si las medidas cautelares que están vigentes para la gran mayoría de los 30 sospechosos por este caso se mantienen, se aumentan o se revocan, según los resultados que vaya mostrando el proceso de investigación.
De igual manera, si surge un cambio en las circunstancias, los defensores o el Ministerio Público pueden promover un cambio en las medidas cautelares en cualquier momento.
Fianza rechazada
Cerdas pernocta desde este lunes en celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que la resolución del juez de apelación Hugo Porter Aguilar echó atrás la medida de caución real, por un monto de $5 millones, propuesta por la jueza Carolina Lizano, el 26 de junio.
La prisión preventiva dictada por Porter también rige para Mélida Solís, quien desde el lunes ingresó al Centro de Atención Institucional Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados.
Hasta ahora, ambos empresarios son los únicos presos por el caso de presuntas irregularidades y malversación de fondos, que habría generado un déficit de ¢78.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre el 2018 y parte del 2020.
La medida de prisión fue dictada en la resolución 249-2021, emitida este 19 de julio, en la que el juez consideró que el monto de la fianza era “minúsculo”.
El juzgador añadió que la estrategia de los abogados defensores de ambos empresarios, quienes no apelaron la prisión preventiva con posibilidad de caución, que ordenó en primera instancia la jueza Carolina Lizano, hizo que, al revocarse la fianza, estuviese vigente la medida de cárcel.