Ante la falta de celdas de aprehensión, los policías de la delegación de la Fuerza Pública de Guatuso tienen que hacer maromas cuando deben dar contención a los detenidos: o los dejan atados a una banca o los mantienen encerrados en una perrera que está abandonada frente a esa sede.
Tal fue el caso de dos aprehendidos que fueron obligados a permanecer durante dos horas en el cajón de ese vehículo averiado. Ahí estuvieron sentados, sin acceso a baño, ni a otras condiciones mínimas.
Como si fuera poco, para evitar que se escapen, los policías cerraron con un candado la puerta, lo que minizó la entrada de aire al cajón.
A unos 112 kilómetros de ahí, en la delegación de San Ramón, un detenido pasó 16 horas atado a una banca sin acceso a nada más; mientras que en Palmares, otro sujeto estuvo casi 13 horas aprehendido sin conocer bajo qué condiciones.
Todos estos problemas los evidenció el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT), como parte de su último informe de labores, dado a conocer el lunes pasado y en donde analizaron el estado de 23 de las 393 sedes que hay en todo el país (99 son cantonales; el resto son distritales). Las visitas las realizaron en el 2017.
En el documento indican que, al igual que en esas tres delegaciones, hay otras ocho que carecen de celdas, pero, pese a eso, mantienen personas detenidas.
Las sedes son la de Batán y Matina, en Limón; Piedades Sur de San Ramón, en Alajuela; Paso Canoas y San Jorge de Corredores, Puntarenas; así como Barva, Santo Domingo y San Pedro de Barva, en Heredia.
Las otras 12 delegaciones analizadas sí tienen celdas, pero la mayoría (ocho) registran problemas diversos. Por ejemplo, las convirtieron en bodegas, no tienen candados para cerrarlas o porque no reúnen las condiciones mínimas para la permanencia de reos: no tienen baños, ni mobiliario para sentarse o descansar.
De hecho, el Mecanismo registró que en la celda de la delegación de Katira, también en Alajuela, los capturados pasan largos periodos, incluyendo la noche, sin una estructura para acostarse. Ni siquiera les dan colchonetas.
Róger Víquez, director del MNPT, mostró su preocupación porque, a su criterio, con estas situaciones el Ministerio de Seguridad Pública permite el "trato degradante" de los detenidos.
Por su parte, esa cartera indicó que, efectivamente, no en todas las delegaciones tienen celdas por un tema operativo.
"Mantener celdas implica una logística interna, una demanda de servicio interior que empieza con custodios de celdas, fortalecimiento de la cocina porque les tenemos que dar de comer y no tenemos ni condiciones, ni personal para eso", apuntó Reynaldo González Cubero, viceministro administrativo.
"Esa situación provoca que en algunas delegaciones recibamos detenidos de sectores aledaños y eso nos permite no disponer de tanto recurso policial para la detención y dedicarlo a patrullaje. Así maximizamos policías dedicados a la custodia de capturados", agregó.
Por ello, González se mostró extrañado ante lo dicho por el Mecanismo. "Tendríamos que ver qué es lo que indican porque generalmente lo que buscamos es la reubicación de los aprehendidos".
Larga estancia
El tema de la carencia o mal uso de celdas se agrava cuando el tiempo de detención es prolongado.
El Código Procesal Penal indica que el tiempo máximo de detención de una persona es de 24 horas, contadas a partir de la captura. Ese periodo lo puede pasar tanto en una celda de la Fuerza Pública o en una del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Pese a ello, la Dirección de la Fuerza Pública emitió una directriz donde recomienda que un aprehendido no pase más de seis horas en sus celdas, puesto que son consideradas de tránsito.
El MNPT halló que en pocas ocasiones dicha directriz se respeta: hay casos en los que los sospechosos pasan más de 12 horas en esas sedes, sin contar con lo mínimo para suplir sus necesidades.
Agregó que, en muchas ocasiones, hasta los funcionarios de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad Pública aprueban las solicitudes de la Fiscalía para ubicar a aprehendidos “por largos periodos bajo condiciones de tratos degradantes”.
Seguridad Pública insistió en que su política es mantener a los capturados por hasta seis horas; sin embargo, reconoció que hay casos o zonas en donde la Fiscalía suele apoyarse mucho en las celdas de Fuerza Pública para dar contención a los detenidos, durante las 24 horas.
En ese sentido, la fiscala general Emilia Navas Aparicio indicó que la Policía debe informarle al Ministerio Público sobre la detención en un plazo máximo de seis horas, contadas a partir de la captura.
No obstante, señaló que, al darse atrasos en esa comunicación, "se afecta la posibilidad de una rápida actuación del Ministerio Público que, evidentemente, reduciría el tiempo en que la persona permanezca detenida en celdas de Fuerza Pública".
Según la fiscala, se ha reiterado a todas sus oficinas la importancia de acatar las circulares relacionadas con la obligación de atender, con la mayor brevedad, los casos con personas detenidas.
Salud giró órdenes sanitarias a cinco delegaciones por posibles criaderos de zancudos
El hecho de tener vehículos que fueron decomisados y que ahora están en estado de abandono provocó que el Ministerio de Salud emitiera órdenes sanitarias a cinco delegaciones.
El criterio es que esos autos son posibles criaderos de zancudos que trasmiten el zika y el dengue, lo cual afectaría la salud pública.
El Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) dio a conocer la situación en el último informe de labores, publicado el lunes pasado.
Una de las delegaciones que presentan este problema es la de Pococí, Limón, donde es usual la acumulación de motos decomisadas.
"Las órdenes sanitarias incluyen tanto las observaciones a las malas condiciones de los edificios, como el peligro por la presencia de vehículos decomisados (...) ya que permiten el estancamiento de aguas", apuntó el Mecanismo.