Cuando revisaba documentos por un conflicto de tierras que tiene con el Estado, un campesino de Pérez Zeledón descubrió posibles irregularidades en un contrato para hacer rondas cortafuegos en el Parque Nacional Chirripó,
Su hallazgo dio origen a una causa judicial que tramita la Fiscalía Adjunta del cantón josefino.
De acuerdo con la documentación anexa al expediente judicial, se trató de una licitación que se desarrolló en el 2009 para construir líneas cortafuegos. Se trataba de un plan ambicioso para proteger los recursos naturales de la zona, que fue adjudicado en enero de 2010.
La obra consistía en quitar toda la maleza en una ronda de tres metros de ancho, que se extendía por 59 kilómetros, en diversos puntos del Parque Nacional Chirripó, que comparten San José, Puntarenas y Limón.
Uno de los lugares donde debían limpiar es San Jerónimo de San Pedro de Pérez Zeledón, donde se haría una ronda de 9,5 km.
La labor fue encargada a una empresa de Grecia, Alajuela, con la que se firmó un convenio el 18 de marzo del 2010. La compañía tenía un plazo de 45 días hábiles, a partir de la orden de inicio y recibiría ¢6 millones.
Por razones que se desconocen, las rondas no se hicieron y así quedó evidenciado el 27 de febrero del 2012, cuando un incendio se desató en San Miguel, muy cerca de San Jerónimo, uno de los lugares que debía contar con los callejones cortafuegos.
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Los bomberos y voluntarios tardaron 29 días en extinguir las llamas. El fuego afectó a 156 hectáreas del Parque Nacional y causó daños a la naturaleza estimados en ¢444 millones.
El fuego se contuvo porque los voluntarios y bomberos construyeron 12 km de rondas cortafuego, informó en aquel momento el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), pero sin mencionar el asunto de la licitación.
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La denuncia
El denuncia llegó hasta la Fiscalía con la intervención de un facilitador judicial, que es una persona la cual se encarga de resolver pequeños conflictos en una comunidad, pero cuando conoce de posibles delitos, su deber es elevarlo al órgano competente.
Este hombre, de apellido Calderón, se encargó de poner la denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón, en octubre del año 2016. Luego de analizar las pruebas, la instancia judicial decidió abrir una investigación, que se tramita bajo el expediente 16-001375-0219-PE.
La causa se sigue por el delito de peculado contra un funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), de apellido Esquivel, que en su momento era el encargado del programa de manejo del fuego. La Nación intentó localizarlo, pero no respondió los llamados.
El delito de peculado castiga con prisión de 3 a 12 años al funcionario público que sustraiga o distraiga bienes cuya administración le hay sido confiada, según establece el artículo 361 del Código Penal.
Acción tardía
En la denuncia se plasma la preocupación de los vecinos de la comunidad de San Jerónimo porque ellos desconocían sobre la licitación y fue hasta después del incendio que se hicieron algunos trabajos, desarrollados por bomberos voluntarios.
Aseguraron que no vieron a funcionarios de ninguna empresa llegar a la comunidad para hacer las rondas.
Para sustentar la queja, obtuvieron una nota fechada 13 de marzo del 2013 en la cual Freddy Guzmán Mena, administrador a.i. del Parque Chirripó, informa de que la orden de inicio de los trabajos de construcción de las líneas cortafuego se dio en noviembre del 2012 y fueron concluidos el 16 de diciembre, de ese mismo año.
De acuerdo con los lugareños, de ser así, las labores ocurrieron 10 meses después del incendio.
En el documento, firmado por Guzmán en marzo del 2013, se afirma: “Sirva el presente oficio para respaldar la recepción definitiva de las obras de mitigación de incendios forestales, realizadas en el sector del Parque Nacional Chirripó”.
Sin embargo, en la misma nota señala: “Las rondas cortafuegos carecen del despale o eliminación de grandes troncos caídos que la cruzan, lo cual se constituye en un incidente, en un elemento conductor de fuego o calor que es importante considerar y que actualmente no está siendo eliminado”.
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Guillermo Agüero Fallas, un oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a quien se les encomendó en setiembre del 2017 traer fotos de la rondas, manifestó en su informe: “Realizamos un recorrido por las partes de los bordes. Asimismo, caminamos por un largo tramo por donde al parecer debería existir dicha ronda; no obstante, no existe”.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo, Marcos Calderón Arguedas, en una declaración ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la sede de Pérez Zeledón, manifestó que cuando ocurrió el incendio estuvo en el lugar y no existía ninguna línea cortafuegos.
”Otra de las situaciones que recuerdo era que a finales del año 2015 trabajé en el sector de Cerro Amo y no observé la existencia de la línea cortafuego. Yo le comenté esto a Rónald Chan, que es un funcionario del Sinac”, agregó.
También, Luis Elizondo Venegas, otro testigo, manifestó: “En el año 2012, hubo un incendio en San Jerónimo que devastó una gran extensión del parque, cuando esto sucedió, yo me ofrecí como voluntario y trabajé por tres días bajo la supervisión de Bernal Valderramos, en la construcción de una línea cortafuego que sacamos desde San Miguel hacia Lagunillas y fila Aguacatales. Creo que podrían ser unos cinco kilómetros los que construimos”.