La droga que vendían ocho sujetos condenados recientemente por narcotráfico era abastecida por otras organizaciones más fuertes, asentadas en el cantón central de Limón.
Así lo afirmó Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 12 de mayo del 2020, luego de que sus oficiales lograron capturar a los integrantes de ese tentáculo, en 12 allanamientos realizados en B-Line, Batán, Baltimore y Matina centro.
De la docena de personas detenidas esa vez, ocho fueron condenadas por el Tribunal Penal de Limón por conformar una organización criminal en el cantón de Matina, donde dominaban la venta de drogas.
A dos hombres identificados como Diego Chavarría Hernández y Winston Valle, líderes de la banda, se les condenó a ocho años y medio de prisión cada uno, mientras que a los cómplices de apellidos Sánchez Bastos, Herrera Torres, Peynado Pérez, Quirós Roa, Badilla Vásquez y Argenis Pérez se les impuso la pena de siete años de cárcel, según informó la semana pasada el Poder Judicial.
Todos fueron detenidos en los allanamientos al comprobarse que integraban una estructura criminal que obtenía la droga en Limón para luego comercializarla, tanto en casas como en vías públicas de Matina.
Gracias a información confidencial sobre movimientos y venta de crack, marihuana y cocaína se logró desarticular esa banda local integrada por los dos cabecillas, quienes en un año, reclutaron al menos a otras 10 personas para así desplazar a otras bandas y acaparar el ilegal negocio.
La compañera sentimental del líder, apellidada, Morera, de 22 años también fue detenida B-Line de Matina, lo mismo que otra mujer de apellido Barahona, de 30. El Departamento de Prensa del Poder Judicial no informó si se acogieron a algún proceso aparte o si la investigación de la Fiscalía no las pudo incriminar, lo mismo que a varios sujetos de apellido Whitshire, Vargas, Santos y Cubero, que también fueron detenidos aquella vez.
La investigación de este caso inició en julio del 2019 y en cinco ocasiones los agentes judiciales lograron la incautación de estupefacientes, que eran propiedad de esta organización, por lo que se pidió la orden de allanamiento y la posterior captura.
El fallo estuvo a cargo del juez Argenis Pérez, quien el mes pasado leyó la sentencia integral y dejó a los sujetos a la orden de Adaptación Social.