Una mujer condenada a ocho años de prisión por introducir 0,76 gramos de cocaína a la cárcel de Liberia, ganó un recurso de apelación que le permitirá ver reducida la cantidad de años de su sentencia.
El Tribunal Penal de Liberia decidió, el 8 de noviembre del 2013, que Guiselle Lara Alemán , de 47 años, debía pasar ocho años en prisión por infringir el artículo 77, inciso b, de la ley de psicotrópicos, que sanciona hasta con 20 años el transporte e introducción de drogas a centros penitenciarios.
Los hechos ocurrieron el 26 de mayo del 2013, cuando Lara fue sorprendida con esa cantidad de droga oculta en su sostén al pretender visitar a su novio detenido. La Fiscalía había pedido 10 años, luego de resaltar que era reincidente.
Melissa Peña y Katherine Angulo, defensoras públicas de Lara, presentaron el recurso para la revisión del fallo y, el Tribunal de Apelación de Sentencia determinó que los jueces de primera instancia obviaron que, para el momento del juicio, ya se había aprobado una modificación legal que redujo las penas a las mujeres que ingresan droga a centros penitenciarios.
La reforma reforma, aprobada el 23 de setiembre del 2013, añadió el artículo 77 bis, el cual establece que la pena será de tres a ocho años –y no de ocho a 20 años– si las mujeres son jefas de hogar en condición de vulnerabilidad o pobreza, así como cuando tengan a su cargo a menores de edad o adultos mayores.
Los jueces de apelación Marta Eugenia Muñoz, Gerardo Alfaro e Iván González, explicaron en su fallo del pasado 19 de marzo, que Lara debe ver por una hija de 15 años.
Además, tomaron en cuenta que ella sola ha sacado adelante a sus tres hijos vendiendo carnes, tamales, haciendo rifas y laborando en la finca de su madre.
Por tanto, consideraron incorrecta la calificación jurídica del tribunal que la condenó por un tipo penal distinto al 77 bis.
En la actualidad Lara descuenta prisión preventiva, hasta el 8 de mayo próximo. Hoy se realizará una audiencia para conocer si le modifican las medidas cautelares.
Sus abogadas también solicitaron que se le imponga una modalidad de cumplimiento diferente a la privación de libertad. La Fiscalía se opuso, pero será el Tribunal el que defina la nueva condena.