Una audiencia que tardará más de una semana comenzó este lunes en los Tribunales de Goicoechea y en ella se determinará si los empresarios Carlos Cerdas Araya, gerente de la constructora MECO, y Mélida Solís Vargas, dueña de la constructora H Solís, ambos de 61 años, continúan en celdas de Adaptación Social o se les cambia la medida cautelar.
Aunque los dos empresarios fueron convocados de manera presencial, Mélida Solís delegó su representación durante todas la audiencias en sus abogados Francisco Campos Aguilar y Erick Gatgens. Este último informó de que debido a problemas médicos por presiones muy altas, Solís prefirió quedarse en su celda del Centro de Atención Institucional Vilma Curling, más conocido como El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, donde descuenta cuatro meses de prisión preventiva.
Igual pena descuenta Carlos Cerdas, quien este lunes llegó a la cita acompañado por sus defensores Erick Ramos y Rodrigo Arias. Poco antes de las 8:30 a. m., Cerdas ingresó a la audiencia escoltado por una pareja de custodios. El resto de las personas relacionadas con la causa de presunta corrupción con obras viales, detenidas en 57 allanamientos el pasado 14 de junio, participa por videoconferencia.
La vista, a cargo de la jueza Juliana Jimenez, trata de establecer la eventual prórroga de las medidas cautelares contra 28 de las 75 personas relacionadas con la causa. Se desarrolla en la sala 9 del tercer piso, de forma oral y privada, hasta el martes 26 de octubre. El hecho de que sea virtual surge en acatamiento a las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19.
Al inicio de la audiencia, algunos abogados formularon ciertas inquietudes en cuanto a la intervención de la jueza Jiménez. Ella pidió trasladar el caso ante un juez superior quien rechazó la recusación, por lo que todo siguió según lo planeado. En primer término, correspondió al Ministerio Público exponer las razones y argumentos de la prórroga de medidas que van a solicitar para cada uno de los casos.
Una vez que la Fiscalía concluya, se seguirá con un cronograma elaborado por la jueza en la que los representantes de Carlos Cerdas y Mélida Solís serán los últimos en exponer sus puntos de vista, lo cual ocurrirá posiblemente entre jueves y viernes. El viernes solo se reunirán en la mañana, debido a compromisos de las partes.
Según lo investigado, las anomalías que se les atribuyen a los sospechosos habrían provocado entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 un déficit de ¢78.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Entre los delitos que la Fiscalía de Probidad, Anticorrupción y Transparencia les atribuye a los imputados están cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
El codefensor de Mélida Solís, Erick Gatgens, estima que la prisión preventiva debe ser un medio excepcional, sólo para garantizar la sujeción de la persona al proceso en aquellos casos absolutamente necesarios. “En nuestro caso, es claro que pueden aplicársele a doña Mélida medidas cautelares sustitutivas por ser estas idóneas, necesarias y proporcionales”, indicó, sin entrar en mayores detalles, pues la exposición ante las partes está pendiente.
De lo que en esa audiencia se decida dependerá si los empresarios pasan la Navidad en su casa o en prisión, pues la prórroga sería por otros cuatro meses y todavía puede prorrogarse más por tratarse de un caso complejo. De igual forma, se analizará el cumplimiento de las medidas impuestas a los otros sospechosos para determinar si es necesaria su continuidad.
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