Alajuela. La asistente administrativa de la sucursal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en Alajuela, logró que la institución le pagara ¢9.966.000 por dos días de incapacidad.
Así consta en un informe que la Auditoría de la Caja entregó, hace nueve días, a la Fiscalía Adjunta de Alajuela y que ayer derivó en la captura de la mujer de apellido Bolaños y de otros tres funcionarios de la entidad, de apellidos Campos, Solórzano y Balmaceda.
A estos cuatro empleados, la Fiscalía les atribuye los delitos de peculado, malversación de fondos y fraude informático. Presuntamente, de manera conjunta, vulneraron el sistema de cómputo mediante 47 incapacidades y se apropiaron de ¢92 millones, durante un periodo de cuatro años.
El dinero, aunque fue girado a una cuenta bancaria de Bolaños, se distribuyó entre todos los implicados, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Antecedente. El asunto fue descubierto cuando la Auditoría Interna de la CCSS realizó un muestreo en la sucursal de la Caja en la ciudad de Alajuela, que se encuentra en las antiguas instalaciones del Hospital San Rafael.
Wílliam Rodríguez, abogado de la Caja, dijo que inicialmente se detectaron algunas inconsistencias, pero al profundizar descubrieron las irregularidades en el pago de las incapacidades.
Agregó que todos los 47 casos fueron por pagos hechos a Bolaños, quien era la asistente administrativa y tenía acceso al sistema de cómputo, en donde podía alterar el monto de los salarios.
En el informe de la Auditoría se detalla que Bolaños se incapacitó durante los días 12 y 13 de mayo del presente año. Por esos dos días consta que la Caja le pagó ¢9.966.000, el 27 de junio.
En dicho documento se especifica que, de acuerdo con el salario de la funcionaria (el cual no se menciona), lo que le correspondía por la incapacidad era la suma de ¢16.614 por cada día.
No fue posible conocer cuántos días se incapacitó la funcionaria, pero en una ocasión permaneció fuera de la entidad 122 días.
En los cobros que se hicieron a la Caja se afirma que la empleada ganaba diferentes montos. Algunas veces era ¢1 millón, en otras ¢5 millones y ¢15 millones, manifestó el abogado Rodríguez.
En cuanto a los otros trabajadores detenidos, ellos tenían la función de revisar y aprobar los pagos de las pensiones. Todos laboraban en la misma sucursal. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que Campos y Solórzano fueron detenidos en la sucursal en Alajuela, mientras que Balmaceda en las oficinas centrales en San José, pues en las últimas semanas recibió un ascenso.
También, la CCSS informó de que Bolaños está nombrada de manera interina y el contrato vencía el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, la mujer presentó el martes la renuncia y ayer no acudió a trabajar. Bolaños fue detenida durante la mañana, cuando llegó a la Fiscalía Adjunta de Alajuela para conocer sobre el caso.
El Ministerio Público dijo que la indagatoria de tres implicados se realizó ayer durante la tarde. La de uno de ellos no se pudo ejecutar, pues tenía un defensor privado, quien se encontraba en otra diligencia judicial.
Se espera que hoy en el Juzgado Penal de Hacienda, en los Tribunales de Goicoechea, se realice una audiencia, donde la Fiscalía pediría medidas para los implicados.