El Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago confirmó la sentencia de 35 años de cárcel contra Nelson Enrique Sánchez Ureña, alias Sukia, por el asesinato de la joven Alisson Bonilla, estudiante de 19 años, ocurrido en el 2020.
Los jueces rechazaron una apelación de la defensa de Sánchez y dejaron en firme la recalificación del delito dictada por el Tribunal Penal de Cartago en setiembre pasado, el cual consideró que el asesinato fue un homicidio calificado, no un homicidio simple, como se indicó en una primera sentencia de 18 años de prisión.
En el homicidio calificado, existe alevosía o ensañamiento. El Ministerio Público dio a conocer el fallo la tarde del viernes 12 de enero, luego de que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos recibió la notificación del Tribunal.
La Fiscalía había apelado la pena inicial de 18 años, dictada en agosto del 2021, rechazando que este asesinato se tratara de un homicidio simple.
En setiembre pasado, la jueza Carmen Ureña respaldó este razonamiento al expresar que Sánchez “utilizó a la joven como un objeto desde que la abordó hasta que la lanzó”, y enfatizó que el acusado “no mostró remordimiento”, consideración que influyó en la imposición de la pena de 35 años.
José Rodolfo Mora García, representante del Ministerio Público, también argumentó: “Se aprovechó de todas las circunstancias coyunturales de la víctima, cometió una monstruosidad con Allison, era vecino, la conocía desde niña”. Además, indicó que Sánchez intentó limpiar su vehículo, donde quedó sangre de Alisson, demostrando así ser un sociópata.
La defensa de Sukia rechazó la pena de 35 años al afirmar que su cliente “era joven y sin antecedentes”. Sin embargo, estos factores no fueron suficientes para eximirlo de su condena de 25 años.
De vecino a asesino
El caso de Bonilla, investigado bajo el expendiente 20-000825-0058-PE, dejó una huella en la sociedad costarricense, uniendo a colectivos feministas y activistas de los derechos de la mujer. La joven desapareció el 4 de marzo del 2020 mientras regresaba a pie a su hogar después de descender de un autobús en Ujarrás de Paraíso, en Cartago. En ese momento, Sánchez la alcanzó y, a bordo de su vehículo, le ofreció llevarla hasta su casa.
Con toda confianza, la muchacha aceptó la oferta, pero en el trayecto, el hombre cambió de rumbo y la condujo a una finca de café ubicada 200 metros al norte del parque recreativo Charrarra.
Ahí, la obligó a bajarse del vehículo y la llevó a unos 140 metros de la entrada de la propiedad. Las investigaciones confirmaron que, en ese lugar, Sánchez golpeó a Bonilla y la forzó a subirse nuevamente al automóvil. Amarró sus manos con tela y cinta adhesiva, colocándola en la cajuela, y posteriormente la condujo hacia un botadero clandestino en San Jerónimo de Cachí, donde finalmente la arrojó.
Después de este acto, el hombre huyó y trató de eliminar las evidencias relacionadas con la joven de su vehículo. En su momento, se especuló sobre una violación sexual por parte de Sukia contra la joven, antes de lanzarla al basurero; sin embargo, el Tribunal Penal descartó esa acusación por falta de pruebas.
Durante seis meses, los restos de Bonilla permanecieron en el basurero, mientras equipos de rescate y voluntarios, enfrentando la incertidumbre de una inminente pandemia de covid-19, se unieron a la búsqueda. Rótulos, pancartas, calles demarcadas y anuncios en redes sociales fueron algunos de los esfuerzos desplegados para dar con el paradero de la joven cartaginesa.
Según allegados a la familia, incluso Sukia participó en la búsqueda de la muchacha. No obstante, su coartada se desmoronó cuando videos de cámaras de seguridad confirmaron que abordó a la joven minutos después de que ella descendiera del transporte público.
Sánchez confesó su crimen después de que las autoridades ubicaron los restos de la joven en el botadero. Los análisis forenses confirmaron que Bonilla murió a causa de los golpes recibidos al ser lanzada al abismo.