Sin saber cómo ni cuándo, Valeria y su familia se vieron inmersas en un pleito entre vecinos hace unos cuatro años.
En esa discusión, una tercera persona le iba a pegar a su mamá, por lo que Valeria, cuya identidad fue cambiada y quien tenía 17 años en ese momento, se metió a defenderla.
“Yo me peleé y por eso, años después, me llegó una notificación por agresión”, contó.
Valeria no sabía qué hacer hasta que su abogado le comentó sobre la posibilidad de evitar un juicio ordinario ofreciendo servicio comunitario para resarcir la acción cometida.
De esa forma, ella se convirtió en una de los cientos de adolescentes que forman parte del programa Justicia Restaurativa, del Poder Judicial, el cual permite que menores que cometieron por primera vez un delito sin “violencia grave” puedan optar por una medida alterna a la prisión.
Este proyecto judicial también aplica para adultos desde el 2012.
Como parte del plan, en el primer trimestre del 2015, se efectuaron 550 audiencias tempranas a nivel nacional, según datos del departamento de Estadística del Poder Judicial. Entre tanto, en el 2014, hubo 1.182.
Tales estadísticas dan una noción de la cantidad de menores que se han acogido al programa, pero varios de esos expedientes (no tienen detalle) podrían involucrar a más de un joven.
Lourdes Espinach, coordinadora nacional de Justicia Restaurativa, explicó que una vez entrada la denuncia en contra de un menor, el Ministerio Público la estudia.
Si la Fiscalía encuentra suficientes hechos probatorios que lo inculpan, envía el expediente a Justicia Restaurativa.
También, añadió, la defensa puede solicitar que se mande el documento a esa oficina.
Cuando el caso ingresa al programa, se establece un primer contacto, por separado, con el ofensor y la víctima, a quienes se les explica que más adelante estarán sentados juntos en una mesa para explicar lo que sucedió.
Si alguno rechaza este proceso, el expediente regresa a la vía ordinaria.
Si ambos están de acuerdo, firman la aprobación y el equipo psicosocial habla, por aparte, con los involucrados.
“Todo esto es completamente voluntario. Todos tienen que estar de acuerdo, sino no funciona”, explicó Espinach.
Después, realizan una preaudiencia, en la que el equipo interdisciplinario (conformado por fiscales, defensores públicos, psicólogos, trabajadores sociales y jueces) se reúne para conocer mejor el caso que tratarán.
Esto puede durar unos 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, se realiza la reunión restaurativa, la cual tiene el peso más importante en este proceso, según Espinach.
Allí participan la víctima, el ofensor, la Fiscalía y la Defensa Pública. También, hay lugar para personas que lleguen a apoyar a las partes involucradas.
“La gente se sienta como en mesa redonda. Pero es algo más tranquilo, porque, por ejemplo, el juez se llama facilitador. Afloran sentimientos, porque la víctima habla frente al ofensor y viceversa. Se explica qué pasó”, explicó Espinach.
De hecho, el facilitador le hace preguntas al ofensor, como “¿qué pensó cuando esto ocurrió?” y “¿cómo han sido afectados sus sentimientos?”, según se lee en la guía creada por el Poder Judicial para estas reuniones.
En este vaivén de sentimientos y comentarios por parte de los involucrados, se tardan unos 40 minutos en promedio.
Al final, se llega al acuerdo, que puede ser servicio comunal, proceso de rehabilitación o participación en grupos de apoyo. También existe la posibilidad de que la víctima se conforme con una disculpa del ofensor.
El siguiente paso es la audiencia temprana, donde se judicializa el acuerdo.
Este proceso tiene un costo de ¢339.000, mientras que el ordinario le cuesta al Estado más de ¢6 millones.
Red de apoyo. Un punto muy importante para el programa de Justicia Restaurativa es la Red de Apoyo Institucional. Hasta el primer trimestre de este año, participaban 599 organizaciones, según el departamento de Estadística del Poder Judicial.
La magistrada Doris Arias detalló que estas instituciones, que trabajan ad honorem , sirven para que los muchachos hagan su servicio comunitario o para reciban clases o talleres, que los ayude a reinsertarse a la sociedad.
Por ello, antes de ingresar, cada entidad especifica en qué necesita ayuda: si requiere de trabajos de albañilería, de fontanería, entre otros.
Arias aclaró que las entidades son las que le dan seguimiento a estos jóvenes. “Desde el momento en el que ellos se enteran de que alguno dejó de ir, lo comunica al Poder Judicial. Nosotros debemos de localizarlos y, si no lo logramos, devolvemos el expediente a vía ordinaria”, explicó la magistrada.
El Proyecto Surgir, por ejemplo, está vinculado al programa de Justicia Restaurativa desde hace dos años y se especializa en ofrecerles herramientas a los menores para que logren mejorar su conducta social.
Josué Rojas, de esa asociación, comentó que esta experiencia les ha permitido “enseñar a los jóvenes a quererse”. “Necesitamos que la sociedad esté más involucrada. Hay gente que piensa que esto es una alcahuetería, pero no. Hay que darle una nueva oportunidad a muchachos”, expresó.
Mientras que Ligia Bobadilla, del Proyecto Daniel, que ayuda a jóvenes con cáncer, aseguró que esta iniciativa es positiva.
“Es darle la oportunidad de que salgan adelante sin un castigo. En nuestro caso, ven la realidad de muchas personas que pasan por situaciones difíciles. Eso les hace valorar la vida”, concluyó Bobadilla.