Cientos de recursos que ingresan a la Sala Constitucional se relacionan con el acceso al agua potable y quejas de privados de libertad.
Sobre el primer punto, los reclamos tienen que ver con desabastecimiento, administración de acueductos rurales y la interrupción total del servicio.
En el 2013, la Sala recibió 505 consultas sobre servicios públicos, de las cuales, 249 (50%) eran sobre agua potable. Al año siguiente, ese tema ocupó 275 de 451 (el 60% del total de consultas sobre servicios públicos).
Hasta setiembre de este año, de 32 consultas, 20 eran sobre el mismo asunto.
“Debo resaltar públicamente la urgencia de este problema nacional y su agravamiento. Han llegado tantas consultas del tema que incluso le mandé al diputado Henry Mora una nota sobre esto el 1.° de febrero anterior, y lo que recibí fue el archivo de mi llamada de atención”, dijo la magistrada Nancy Hernández en un reportaje de La Nación publicado el pasado 25 de setiembre.
Entre 1989 y el 2012, la Sala recibió 278 quejas sobre derecho al acceso a agua, y solo entre el 2013 y 2014 se presentaron 164.
Ese número de recursos constituye el 59% del total planteado en los 23 años anteriores.
Es necesario actualizar la normativa para gestión del recurso, agregó la magistrada.
Hacinamiento. Aunque sobre las quejas de reos no se obtuvieron cifras, los reiterados amparos dados a conocer revelan un gran número de inquietudes por la calidad de servicios en los centros penales y los problemas de hacinamiento.
Como ejemplo, en setiembre del 2014, la Sala le ordenó al Ministerio de Justicia dotar de camas a 334 reclusos del Centro Penitenciario Calle Real, ubicado en Guanacaste.