Un investigador judicial de apellido Páez, de 32 años, fue arrestado ayer por sus compañeros de trabajo debido a que es sospechoso de robarles dinero de sus escritorios y otros artículos de valor.
La detención de Páez se registró alrededor de las 8 a. m. y estuvo a cargo de agentes de la Sección de Robos y Hurtos del OIJ, quienes llegaron hasta el departamento donde el empleado labora.
Páez trabaja para la Sección de Delitos contra la Integridad Física, Trata y Tráfico de Personas, desde hace 10 años.
Gustavo Mata, subdirector del OIJ, aseguró que la investigación contra el funcionario se inició hace dos meses, cuando se dieron los primeros reportes de un faltante de dinero.
“Hace dos meses reportaron la sustracción continua de plata que tenían los oficiales dentro de sus escritorios. A raíz de esto, la jefatura de Delitos Sexuales decide interponer la respectiva denuncia”, manifestó Mata.
El jefe del OIJ aseguró que no manejan el monto del perjuicio que sufrieron sus compañeros, pese a que eran hurtos periódicos.
“Lo que podemos decir es que se logra corroborar con una prueba contundente que el muchacho se apropia irregularmente de cierta cantidad de dinero”, agregó Mata.
También se allanó la casa del sospechoso situada en San Rafael de Heredia, aunque no se conoció si encontraron algún tipo de evidencia que lo relacione con el delito.
Tras dos horas dentro del edificio del OIJ, el agente fue trasladado hasta la Fiscalía donde se efectuaría la audiencia en su contra.
El delito por el que se investiga al agente es hurto simple, que es sancionado con una pena que va de un mes a tres años de prisión, según el artículo 208 del Código Penal.
Otros casos. El 23 de diciembre del 2011, un agente del OIJ de Liberia, de apellido García, fue arrestado y luego suspendido de su cargo por, presuntamente, empeñar en ¢60.000 un teléfono celular decomisado en una investigación por el delito de amenazas.
El 25 de setiembre del 2009, dos agentes de apellidos Acuña y Sánchez fueron detenidos por ser sospechosos de participar en un fraude contra el INS con un vehículo supuestamente robado. Con la denuncia, se cobró la póliza de seguro de ¢10 millones.