Tres sujetos son sospechosos de explotar a un anciano de 90 años, con discapacidad visual, a quien ponían a pedir limosna al lado de un centro comercial en Escazú. La víctima permanecía en el lugar durante todo el día sin comer y sin un lugar para hacer sus necesidades fisiológicas.
Según investigaciones del Ministerio Público, al finalizar la tarde, a eso de las 4 p. m., una mujer de apellidos Monge Elizondo llegaba en un taxi a recoger al adulto y en el trayecto hacia su casa le quitaba parte del dinero que había recaudado. Al parecer, la imputada se bajaba cerca de la casa de la víctima, quién continuaba el viaje y cancelaba el servicio hasta llegar a su destino.
En el lugar de llegada también lo esperaba un hombre de apellido Monge, quien es primo de la mujer y guiaba al ofendido hasta su casa, también para quitarle parte del dinero que recolectaba en el día.
Por último, el hijastro del afectado, de apellidos Gutiérrez Mendoza, quién no trabajaba y vivía con él, participó en el delito y también sustraía dinero del perjudicado.
Mientras estaba en la calle, el adulto mayor no tenía comida y dependía de la caridad de los transeúntes para alimentarse.
La Oficina de Prensa del Ministerio Público informó en un comunicado de prensa que los sospechosos de explotar al adulto mayor cumplirán tres meses prisión preventiva.
“La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes consiguió que el Juzgado Penal de Pavas ordenara la medida cautelar de prisión preventiva contra dos primos, hombre y mujer, sospechosos del delito de trata de personas con fines de mendicidad”, informó la entidad en un comunicado de prensa.
Los imputados de apellidos Monge Elizondo fueron detenidos el martes pasado gracias a tres allanamientos, uno en San José y dos en Escazú, en uno de ellos también se aprehendió al hijastro de apellido Gutiérrez.
Este último purgará medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Deberá firmar en instancias judiciales una vez al mes, tiene prohibido tener contacto con el ofendido, así como “no perturbar, intimidar, amenazar, coaccionar o influir a la víctima, por su propio medio o por terceros; salir de la casa del ofendido y buscar un nuevo domicilio con una distancia mínima de 500 metros”, explicó el Ministerio Público.
La pesquisa de este caso empezó tras una información remitida a la Policía Profesional de Migración. El caso continúa en trámite dentro del expediente 23-000024-1321-PE.
Según el Código Penal, la trata de personas, incluida aquella con fines de mendicidad forzada, se penaliza con prisión de seis a diez años. La sanción puede aumentar hasta 16 años, cuando “la víctima sea menor de dieciocho años de edad, persona adulta mayor o con discapacidad”.