La violencia en contra de la mujer no cesa, y eso mantiene preocupadas a las autoridades, en especial porque pocas de las miles denuncias que se reciben al año terminan en sentencia.
Por ejemplo, en el 2015 se recibieron 20.143 casos por la Ley de Penalización de Violencia en contra de la Mujer (creada hace casi diez años); no obstante, solo 871 culminaron con una sentencia condenatoria (532) o absolutoria (339), según datos de la Sección de Estadística del Poder Judicial.
La cifra representa poco más de 4% del total de denuncias recibidas en ese periodo.
Del restante de los casos, 77% (15.441 quejas) terminaron con una desestimación o un sobreseimiento definitivo; un 10% (1.956) tuvieron otras resoluciones y, del 9% restante (1.875), no se tiene registro de qué ocurrió con ellas.
Números similares se dieron en el 2014, el 2013 y el 2012.
¿Qué pasa? Susana Pineda, de la Fiscalía de Género, explicó que las desestimaciones y los sobreseimientos ocurren porque, generalmente, la víctima quita la denuncia o se abstiene de declarar, y sin su testimonio el caso no suele sustentarse.
"La dificultad que se tiene es porque los hechos se dan dentro de la vivienda, en la intimidad, y la víctima normalmente no quiere denunciar. En los casos en que logramos que declare, al momento del juicio se acogen al derecho de abstención, que es el derecho que tienen de no declarar en contra de su familia, y hasta ahí llegó el proceso", apuntó Pineda.
En su experiencia, la fiscala indicó que, más que por miedo, las víctimas suelen retractarse por apego emocional a sus agresores.
"Hay muchos factores por los cuales dejan botado el proceso. Los más comunes son el apego emocional y el apego económico. En su mayoría, son señoras que están en la casa, que no tienen trabajo y dependen del salario de su compañero o esposo. El sustento es sumamente importante.
"Otro punto es el lado emocional de los hijos, si es que tienen. Ellas manifiestan que los menores están muy afectados y que prefieren dejar todo hasta ahí. El temor, en estos casos, no suele ser tan decisivo", dijo Pineda.
Al no contar con el testimonio de la víctima, los fiscales deben recurrir a testigos que den su versión y ayuden a sostener el caso; sin embargo, ese tipo de pruebas no son fáciles de conseguir, porque la agresión se da en la privacidad del hogar.
"Como se trata de un delito de acción pública, podemos continuar investigando de oficio y se hace. El problema es que es muy difícil sostenerlo sin versión de la víctima y sin testigos (...) En un juicio, por ejemplo, tendría que probar hechos que, probablemente, solo ella presenció y difícilmente el fiscal podrá hacer algo más", agregó.
Por su parte, Doris Arias, presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, manifestó: "No podemos menospreciar a la víctima, quien, a final de cuentas, tiene la capacidad de decidir lo que quiere hacer, pero hay que trabajar, porque no podemos permitir que sigan muriendo mujeres, madres".
Alejandra Mora, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres (Inamu), aseguró que este es un tema en el que falta mucho por hacer. "Son datos que alarman y que indican que la violencia en Costa Rica está en aumento y que necesitamos tomar medidas", manifestó.
Suficiente. Aunado a la problemática de poco castigo por violencia en contra de la mujer, Pineda indicó que las ofendidas suelen conformarse con las medidas de protección que les concedió un Juzgado de Violencia Doméstica en primera instancia.
Explicó que, en su mayoría, las ofendidas acuden a esos juzgados a contar su situación y a pedir ayuda. Cuando el juez remite la copia de su solicitud al Ministerio Público, un fiscal suele contactarla para tomarle la denuncia, pero ella se abstiene.
Actualmente, el Poder Judicial recibe 132 solicitudes de medidas de protección al día.
La magistrada Arias comentó que, cuando se conceden esas medidas, se necesita de mucho apoyo de la Fuerza Pública, pero también de la comunidad.
"Tenemos que trabajar mucho en recomposición del tejido social. No es posible que haya personas en un apartamento y que, al lado de ellos, estén matando a alguien y no hagan nada por mejorarlo", concluyó.
Trabajo en conjunto. Justamente, en ese intento por disminuir la violencia contra las mujeres, 22 instituciones juntaron esfuerzos y firmaron la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, conocida como Planovi.
El objetivo es que, desde este momento y hasta el 2032, se realicen acciones en distintos frentes, como la educación y la seguridad.
Alejandra Mora, presidenta del Inamu, indicó que esperan tener el plan de acción dentro de un mes.