Por: Katherine Chaves R..   23 julio
En el Centro de Formación Juvenil Zurquí hay 93 jóvenes, de los cuales, 53 descuentan prisión por cometer delitos contra la vida. Foto: Marcela Bertozzi/Archivo

Delitos graves como homicidios o tentativas, así como agresiones con algún tipo de arma llevaron a 53 adolescentes a prisión.

La cifra representa el 57% de los internos del Centro de Formación Juvenil Zurquí, en Heredia, donde hay 93 muchachos, de entre los 12 y 24 años; todos cometieron los hechos siendo menores de edad, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

Ahí está, por ejemplo, un detenido en noviembre pasado, cuando para entonces tenía 16. Lo apresaron en Sarapiquí, vinculado con dos crímenes.

También están dos muchachos de 16 y 17, apresados a inicios de este mes como posibles responsables del crimen de una mujer ocurrido en Coris de Cartago, en agosto del 2017. Según la información de la Policía, uno de ellos fue capturado en La Uruca, San José, el otro estaba preso por otro delito.

Según estadísticas del Ministerio de Justicia, en el 2006, hubo ocho menores en prisión por cometer delitos contra la vida, en el 2010, la cifra se elevó a 23 casos y subió a 33 en el 2011.

La situación, evidentemente, preocupa a las autoridades, puesto que se observa cómo el crimen involucra a personas de menor edad.

“Esto es algo que tiene que ver más con pobreza, con necesidades materiales, con la disolución de las familias de las cuales son víctimas, del poco acceso a la educación y a la pérdida del control”, lamentó Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En segundo lugar, están los internos con causas por delitos contra de la propiedad (robos, asaltos, hurtos, entre otros). Estos representan un 36% (33 reclusos) de la población de ese centro.

Al resto (7%) se le vincula con delitos sexuales y desobediencia a la autoridad.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coincide con el jefe policial al señalar que los jóvenes son empujados a cometer delitos por la exclusión social y económica que experimentan.

Según Tatiana Mejía, coordinadora del Centro de Orientación e Información del Patronato, hay factores que son recurrentes relacionados, por ejemplo, con problemas en la familia.

“Esto significa que cuentan con escasa orientación y acompañamiento familiar durante el proceso de formación; exclusión del sistema educativo por lo que generalmente tienen estudios incompletos, lo cual los lleva a tener menos oportunidades de crecimiento personal" , expresó.

A esas condiciones se suma la pobreza que indudablemente implica desventaja.

La mayoría de estos adolescentes infractores, manifestó, han tenido vivencias de maltrato físico, sexual o psicológico o han sido testigos de la violencia familiar.

“Existen estudios que han determinado que niños y niñas que han estado expuestos y expuestas repetidamente a la violencia, muestran un aumento en actitudes, conductas y valores relacionados con agresividad, ya que puede hacer que ellos sean tolerantes a los actos violentos o acepten la violencia como una forma de solucionar los conflictos”, aseveró.

Para las autoridades, es vital que en los hogares se trabaje desde edades tempranas en el establecimiento y fortalecimiento de valores, que alejen a los muchachos de la tentación de acercarse a un grupo criminal.

Alta preocupación

Tanto para el Ministerio Público como para el OIJ el aumento de la participación de menores de edad en hechos delictivos tan gravosos enciende alarmas.

Wálter Espinoza asegura que ven un incremento de la delincuencia juvenil “en todos los estamentos” y es un mal síntoma que debe tomarse “muy en serio”.

Para el Ministerio Público debería incluso llevarlos a repensar Ley de Justicia Penal Juvenil, de 1996, cuyo espíritu era resocializar al menor en conflicto con la ley, donde el encarcelamiento fuera la última opción.

No obstante, debido al incremento y al tipo de violencia en la que se ven implicados, en la actualidad muchos de ellos se ven sometidos a una sanción de internamiento, que los priva de su libertad de tránsito.

Aquella normativa establece penas máximas de 15 años de internamiento para jóvenes que hayan cometido delitos graves cuando fueran mayores de 15 y menores a 18. Entre tanto, la pena máxima es de 10 cuando sean mayores de 12 y hasta 15 años.

Por ahora, dijo la Fiscalía, procuran fortalecer la prevención con charlas a la población que eviten la comisión de delitos.

El PANI coincide con la Policía Judicial en el sentido de que los jóvenes son empujados a cometer estos delitos por la exclusión social y económica que experimentan desde sus primeros años. Foto: Marcela Bertozzi/Archivo