Doce hombres y una mujer figuran como sospechosos de integrar una organización criminal que sustrajo al menos dos toneladas de alambre de cobre en perjuicio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Todos los presuntos implicados fueron detenidos entre la tarde del lunes y la mañana del martes, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desplegara 13 allanamientos en Desamparados, Limón, Guácimo, Batán, Atenas y Orotina, para investigar robos agravados.
La investigación de este caso empezó en el 2020, luego de que la Policía Judicial tuviera conocimiento de varios robos en diferentes zonas rurales de Cartago y de la zona Atlántica del país. “En apariencia este grupo actuaba en horas de la noche, donde dos sujetos cortaban las líneas de cable y posteriormente otros individuos lo recogían en horas de la madrugada, para posteriormente fundir el cobre y colocarlo a bajo precio en el mercado”, explican las autoridades.
Durante las pesquisas, y con apoyo de la Fuerza Pública, las autoridades lograron decomisar parte del material robado. Se estima que el perjuicio total ronda los ¢60 millones.
La Policía Judicial incluso detalló las diferentes responsabilidades de los detenidos, pues cuatro de ellos figuran como líderes de la organización, ellos responden a los apellidos: Mena Rodríguez, (28 años); Mena Sequeira, (56); Rivera Ramírez, (41);y Hurtado Acosta, (40). En tanto, los cortadores de cable son Juárez Jiménez, de 35 años y Orozco Borbón, de 31 años.
Como sospechosos de transportar el material robado figuran Arias Meléndez, (31 años); Arce Flores (52); Castro Fajardo (32) y Cascante Morales, una mujer de 23 años. Por último, hay tres receptadores de apellidos Segura Vásquez, (20); Segura Trejos, (46) y Castillo Estrada (27). Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que disponga si solicita contra ellos algún tipo de medida cautelar.
En diciembre pasado, los diputados aprobaron una reforma al artículo 209 del Código Penal, que habla sobre hurto agravado. El inciso 6 dice ahora que, si la sustracción se da sobre objetos vinculados a la prestación de un servicios público, la pena será de uno a tres años de prisión, cuando el valor de lo sustraído sea menor a ¢2,3 millones.
Cuando lo sustraído sea mayor a ese monto, la pena de cárcel irá de lo uno a 10 años.
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