Un joven que fue condenado a cinco años de internamiento especializado a sus 17 años de edad, por el homicidio de Jason Solís Montero, quiso ser indultado, pero el Consejo de Gobierno rechazó la petición el 10 de julio pasado.
Los técnicos del Instituto Nacional de Criminología (INC) recomendaron concederle la gracia al muchacho, pues las valoraciones resultaron favorables: ya había descontado más de la mitad de su condena, tenía una oferta laboral y cambiaría de domicilio.
Pese a ello, el Consejo de Gobierno se apartó del dictamen positivo que brindaron los expertos y no se le otorgó el beneficio.
Se argumentó que una valoración psicológica recomendaba al joven “seguir trabajando en áreas que a lo largo de sus años han generado conductas inapropiadas, en aras de que logre continuar con el proceso que ha llevado y prosiga en la identificación de situaciones que incluso en el presente podrían afectarle”.
Esos factores, sumado a “la naturaleza del delito por el cual cumple su pena”, sepultaron la posibilidad de recibir el perdón de la pena.
El Consejo de Gobierno señaló en el acta N.° 109 que el rechazo de la gracia no impedía que el INC eventualmente reubicara al joven o le otorgara algún tipo de beneficio carcelario dentro de sus competencias.
Un indulto que dista mucho del caso de ese joven al que se lo negaron, es el del veterinario Bernal Arias Sibaja, a quien el Poder Ejecutivo lo perdonó el 11 de diciembre pasado una pena por haberle disparado por la espalda en tres ocasiones a un menor de 13 años.
Arias fue condenado el 8 de abril del 2011 a 20 años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio calificado. En principio, no saldría libre hasta el 2 de octubre del 2027, pero solo descontó año y siete meses.
Los expertos recomendaron no otorgarle la gracia en virtud de que estaba en la fase inicial de descuento de la pena, no había empatía con la víctima ni la familia de esta y Arias no contaba con los recursos personales, sociales y victimológicos para salir de prisión.
No obstante, el Consejo de Gobierno se apartó de ese criterio al considerar que los disparos fueron “un hecho aislado”, y al estimar que Arias tiene un trabajo estable, apoyo familiar y de su comunidad, demostrable con una carta con 800 firmas.
Rechazos. Durante la administración Chinchilla Miranda, 40 homicidas, 98 delincuentes sexuales y 163 condenados por drogas intentaron que se les perdonaran sus condenas. Ellos corresponden a la mitad del total de solicitudes.
En el caso de los delincuentes sexuales, a ninguno se le otorgó por la naturaleza del delito. Con respecto a los homicidas, el Consejo de Gobierno solamente concedió el 21 de diciembre del 2010 el indulto a Olivia Bejarano Bejarano, indígena de la etnia ngöbe.
La mujer fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión, en un proceso abreviado, por el asesinato de Joaquín Bejarano Bejarano. Cuando cumplía su pena, ella pidió la libertad tras alegar que no comprendió la acusación ni la sentencia.
El Consejo de Gobierno consultó el 16 de junio del 2010 a la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados contestaron que era mejor esperar a que se resolviera un proceso de revisión de sentencia que estaba pendiente. No obstante, se le otorgó el indulto.