Un inspector de la Municipalidad de Limón, de apellido Araya, fue detenido como presunto responsable de realizar cobros ilegales a cambio del otorgamiento de permisos.
Tras el arresto, Araya quedó a las órdenes de la Fiscalía como sospechoso del delito de concusión.
El Juzgado Penal de Limón ordenó la suspensión del cargo de Araya con goce de salario y le dictó impedimento de salida del país.
Además, el funcionario tendrá que firmar cada 15 días en los tribunales, tiene una prohibición de contactar a los testigos involucrados en la causa y no podrá acercarse en un radio de 500 metros a la Municipalidad de Limón.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia informó de que, luego de varias semanas de seguimientos y vigilancia, Araya fue detenido por agentes judiciales “en el momento en el que presuntamente negociaba con un vecino que pretendía tener un documento para construcción”.
La legislación establece que se comete concusión cuando un funcionario público, abusando de su calidad o funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o un beneficio patrimonial.
El delito se sanciona con una pena de prisión de dos a ocho años, según el Código Penal.