El Tribunal de la Inspección Judicial recomendó la revocatoria del nombramiento de una jueza penal, al considerar “impropio de un servidor judicial” que presentara una denuncia falsa.
La resolución se adoptó el 7 de julio, pero la comunicaron a las partes el pasado martes.
La acción es contra la jueza penal Ana Patricia Araya Umaña, quien, según consideran, cometió una “falta gravísima”, y se impone revocarle el nombramiento.
Empero, los jueces del Tribunal de la Inspección Judicial, Rodrigo Flores Garrido, Leda Méndez Vargas y Rodrigo Coto Calvo, enviaron el asunto a la Comisión de Relaciones Laborales. Luego, podría llegar a la Corte Plena.
Al abogado José Alberto Monterrosa Ordeñana, defensor de Araya, dijo que presentó un recurso de apelación y que le extrañaba mucho la decisión del Tribunal, pues el asunto ya había sido resuelto en el año 2007.
“La Inspección Judicial, violando los plazos consagrados en el Código de Trabajo y en la Ley General de Administración Pública, y en la misma Ley Orgánica del Poder Judicial, está fuera de plazo porque la causa está prescrita y caduca, pues ya fue juzgada. Sin embargo, ahora recomienda nada más ni nada menos que el despido sin responsabilidad patronal”, afirmó.
Agregó que, por los mismos hechos, la Inspección impuso en el 2007 la corrección disciplinaria de amonestación escrita.
Hechos. Según la sentencia 390-2011 de la Inspección Judicial, el caso se abrió en abril del 2007 cuando la Fiscalía de Heredia puso en conocimiento de esa instancia un proceso penal contra Araya por el delito de denuncia calumniosa en perjuicio del abogado Gilberto Villalobos Zamora.
La causa penal la planteó de oficio la Fiscalía, pues Araya en octubre del 2005 denunció a Villalobos por supuestamente “fabricar un documento falso al que le dio forma de memorándum, consignando una deuda inexistente (de ella), asegurando que la firma impresa era una calca o falsificación”.
Sin embargo, peritos del OIJ concluyeron que la firma y números impresos en el memorándum reputado como falso “fueron confeccionados por Araya”. El Juzgado Penal de Heredia desestimó la causa contra Villalobos, y la Fiscalía ordenó el testimonio de piezas contra Araya por el delito de denuncia calumniosa.
La Fiscalía, en junio del 2008, presentó la acusación contra la jueza y pidió la apertura de juicio. No obstante, Araya y Villalobos llegaron a inicios de este año a un arreglo extrajudicial, y el Juzgado Penal dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Araya.
Pese a ese fallo, el Tribunal calificó la actuación de la jueza “como irregular y temeraria, sea la de acusar a don Gilberto sabiendo de antemano que ella había firmado el documento”.