El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) nombró más investigadores contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo sin que tuviesen los requisitos para ejercer el cargo.
Un informe reciente de la Auditoría Interna del ICD, dado a conocer el mes pasado, revela que tres funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no contaban con la experiencia para llenar los puestos vacantes.
La Nación publicó el 14 de febrero anterior que un alto funcionario del ICD, de apellido Quirós, no había logrado acreditar la finalización de sus estudios secundarios ni universitarios.
La Fiscalía abrió una investigación penal contra Quirós por los supuestos delitos de uso de documento falso y estafa.
El documento de Auditoría de marzo, del cual este medio tiene copia, señala: “Durante el período 2008- 2010, se efectuaron nombramientos de funcionarios para ocupar plazas de ‘profesionales’ que no calificaban por la falta de experiencia”.
Por tal razón, la Auditoría Interna pidió investigar a la jefa de la Unidad Administrativa y sus colaboradores de la oficina de Recursos Humanos que ejercieron las labores para gestionar los nombramientos irregulares .
Inexpertos. En mayo del 2008, un funcionario de apellido Calvo ocupó el cargo de auditor forense en la UIF. Contaba con un año y dos meses de experiencia en el ICD, y fue nombrado en un puesto para el que se requería mínimo cuatro años.
El sujeto tenía además cinco meses de haberse graduado de una licenciatura en Contaduría Pública, y un mes de incorporado al Colegio Profesional de Ciencias Económicas.
En otro caso, una mujer que no se identifica en el informe, realizaba labores administrativas en el ICD desde julio del 2008. Se nombró en propiedad en mayo del año pasado dentro de la UIF. La Auditoría dijo: “Esta funcionaria no tenía el perfil idóneo para el puesto”.
El mismo informe también reveló el nombramiento en la UIF de otro funcionario, sin especificar el nombre, que trabajó en la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), realizando labores distintas a la de investigación de lavado.
Esa persona ingresó al ICD en julio 2007 por decisión del entonces director general, apellidado Quirós. La Auditoría indicó que el funcionario fue subalterno de Quirós cuando trabajaron juntos en Dinadeco, y en mayo del 2010, fue nombrado en propiedad en el ICD.
“Los funcionarios en los puestos de auditores de legitimación de capitales no tienen un perfil idóneo para cumplir a cabalidad con las funciones que se desarrollan en la UIF, como es la prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, dicta el informe de la Auditoría de marzo.
Devolución de dineros. La Auditoría Interna del ICD manifestó que una abogada de la Unidad de Bienes Decomisados, de apellido Carvajal, fue suspendida por el Colegio de Abogados durante dos años por morosidad, mientras ejercía su profesión en el Instituto.
Durante ese tiempo, Carvajal recibió el pago de los salarios, además de ¢14 millones por concepto de prohibición, aguinaldo, salario escolar y cargas patronales.
El ente fiscalizador señala además que un asesor legal, de apellido Jiménez, estuvo nombrado como profesional en Derecho durante cinco años, sin contar con los requisitos mínimos.
La Auditoría recomendó al director del ICD, Carlos Alvarado, gestionar la recuperación de las sumas giradas a Carvajal y Jiménez por haber recibido incentivos y beneficios sin estar facultados para su reconocimiento.
Sin fecha. El director general del ICD aseguró a La Nación que el informe de la Auditoría Interna no es vinculante.
Alvarado manifestó que todos los integrantes del Consejo Directivo del ICD recibieron el informe hace 22 días.
“Ahorita, cada uno lo tiene para hacer un análisis individual, y ser discutido en la próxima reunión del Consejo”, contó.
El fiscal general, Jorge Chavarría, quien es miembro del Consejo, señaló que tiene el informe.
Chavarría dijo que Alvarado presentó una denuncia ante la Fiscalía por la fuga de información a la prensa.
El director del ICD contó que por ahora no se ha convocado a los integrantes del Consejo, pues algunos de ellos están ocupados en otro aspectos.
Alvarado expresó que en los casos en que corresponda se van a abrir los procesos determinados, y se tomarán acciones.