Una auditoría interna reveló que los funcionarios policiales de los aeropuertos se las ingeniaron para pagar, con dinero de su bolsillo y con rifas, los exámenes médicos (como hemogramas) y la compra de medicamentos de los agentes caninos de las terminales aéreas.
La situación obedeció a que el Ministerio de Seguridad no había fijado un presupuesto para la veterinaria preventiva de los perros, de modo que la Administración había sido reactiva y fue hasta principio de 2022 que estableció un presupuesto.
La auditoría añade que el Servicio de Vigilancia Aérea está en riesgo de quedarse sin agentes caninos especializados en la detección de sustancias narcóticas, ya que solo se cuenta con seis (cuatro en Alajuela y dos Liberia), cuya edad promedio es de más de seis años y su periodo máximo de trabajo es de ocho años.
Sin embargo, las autoridades indicaron que se podría gestionar con la embajada estadounidense la reposición de los canes.
La auditoría señaló que otro problemas es que los animales no cuentan con ningún tipo de seguro; tanto del activo en sí, como póliza de responsabilidad civil, asumiendo la Administración el riesgo de no contar con un respaldo económico ante una eventual pérdida, robo o hurto de esos canes, por citar un ejemplo.
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