La Fiscalía ratificó ayer una decisión, tomada en noviembre del 2010, de no abrir causas penales por los pequeños decomisos de droga que realicen los cuerpos policiales como la Fuerza Pública.
Estos casos se dan, por ejemplo, cuando los oficiales registran a un sospechoso y le encuentran algunas piedras de crack o cigarrillos de marihuana.
Jorge Chavarría, fiscal general, explicó que la directriz pretende que el Ministerio Público y los juzgados no se saturen con procesos que terminan desestimándose y no llegan a juicio.
Aclaró que la Policía seguirá haciendo los decomisos para sacar la droga de las calles.
El fiscal explicó que una persona debe ser procesada judicialmente cuando se sospecha que se dedica al tráfico o a la venta de drogas.
La tenencia de las sustancias ilícitas para consumo no amerita la apertura de una causa penal.
Chavarría comentó que, en el 2010, la Fuerza Pública hizo 125.000 decomisos de pequeñas cantidades de droga.
Esto significó la apertura de igual número de procesos en la Fiscalía y luego un trámite ante un juez para desestimar la causa.
“Son demasiadas horas (por trámite) y el costo es de ¢370.000 por cada caso. Con este cambio, se les quita esa carga a los jueces y fiscales, que se dedicarán a los casos que preocupan a los costarricenses, como el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo.
Nuevos pasos. El fiscal general se reunió ayer con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para definir el protocolo que se seguirá con los decomisos pequeños.
Comentó que el protocolo es un documento de consenso que entraría en vigencia, probablemente, a partir de noviembre
Chavarría detalló que la Fuerza Pública elaborará un informe del decomiso y lo llevará a la Fiscalía junto con la droga, y, de ser necesario, con el sospechoso.
“El fiscal revisará el informe en el mostrador y determinará si (el caso) ingresa, o no, al sistema judicial. Si no ingresa, el fiscal autoriza a la Fuerza Pública para que lleve la droga al OIJ para su destrucción”, agregó.
Si el fiscal que lee el informe policial considera que hay elementos suficientes para creer que la persona sospechosa se dedica a la venta de drogas, entonces puede abrir la causa penal.
El OIJ tendrá una oficina receptora de drogas que funcionará dos días por semana para atender los decomisos de todo el país.
A la reunión de ayer asistieron Jorge Rojas y Francisco Segura, director y subdirector del OIJ, Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, y Wálter Espinoza, fiscal adjunto contra la delincuencia organizada, entre otros.