El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra los ocho hombres que, al parecer, pertenecen a una organización que cometía supuestos fraudes al otorgar licencias de conducir.
Los sospechosos fueron arrestados en la mañana del miércoles, cuando el OIJ allanó el Departamento de Licencias de Educación Vial, ubicado en La Uruca, San José, y una oficina cercana dedicada a emitir dictámenes médicos.
Entre los detenidos hay dos funcionarios del MOPT, de apellidos Alpízar y Monge. Además, seis sospechosos más, apellidados Casanova, Grillo, Vílchez, Soto, Garay y Espinoza. Ellos son acusados de cometer el delito de concusión, el cual es penado con entre dos y ocho años de cárcel.
Estas personas forman parte de las 103 que fueron arrestadas el miércoles. De estas, 95 eran conductores que presuntamente pagaron hasta ¢300.000 para obtener su permiso de conducir.
La audiencia para conocer las medidas cautelares que se impondrían a los sospechosos empezó a la 1:30 p. m. de ayer, en el Juzgado Penal de Hacienda, en San José. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había terminado.
Proceso en libertad. La Fiscalía dejó libre, la noche del miércoles, a los 95 choferes detenidos tras el arresto masivo.
Así fue confirmado ayer por Tatiana Vargas, vocera del Ministerio Público.
Sin embargo, Vargas comentó que, aunque las personas fueron puestas en libertad, deben someterse al proceso judicial.
“A ellos no se les pusieron medidas porque tienen arraigo domiciliario y laboral”, agregó.