El Ministerio Público no logró probar en dos años la culpabilidad de siete oficiales de la Fuerza Pública, acusados de aliarse con siete sujetos más para asaltar a peatones, robar en casas, proteger a criminales y vender drogas.
A esa conclusión llegaron los jueces Rafael Saborío, Geovanny Hernández y Roberto Sobrado, del Tribunal Penal de Puntarenas, tras absolver ayer a los siete oficiales y a las otras siete personas porque la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para atribuirles los delitos acusados.
Ese grupo fue detenido el 17 de agosto del 2011 por el OIJ y la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada durante 16 allanamientos en Carrizal y Fray Casiano de Chacarita, El Roble e isla de Chira, en Puntarenas; Bellavista de Miramar, en Montes de Oro; Esparza y en Jacó de Garabito.
Los policías absueltos se apellidan Jiménez, Faith, Rosales, Mena, Ramírez, Carballo y Montes. Los otros individuos son de apellidos Mellado, Ulate, Núñez, Cordero, Guerrero, Arnett y Boza (los dos últimos son expolicías).
La mayoría de los imputados purgó más de 11 meses de prisión preventiva. Hasta ayer, Faith y Arnett todavía descontaban prisión preventiva por esta causa. El oficial Jiménez se mantiene preso por tener otra causa pendiente.
Negativa. La Nación intentó conocer la posición de la Fiscalía sobre esta absolutoria, pero en la oficina de prensa señalaron que no se referirán al respecto hasta que analicen el fallo completo, el cual estará listo el próximo 15 de marzo.
De hecho, a la lectura del por tanto, realizada hacia las 10 a. m. en la sala de juicio N.° 2, ni siquiera se presentó el funcionario de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada asignado para el debate, Glen Calvo.
La oficina de prensa del Ministerio Pública señaló que todo el proceso de investigación, así como el documento acusatorio, estuvo a cargo de la fiscala Bianca Wiciak.
Esta funcionaria tiene activa en la Inspección Fiscal una causa administrativa desde setiembre del 2012, pues olvidó asistir a una audiencia para solicitar a un juez la prórroga de prisión preventiva para dos sujetos acusados de integrar una banda de robacarros, por lo que quedaron libres.
Celso Gamboa, viceministro de Seguridad, dijo que los oficiales serán reintegrados a sus puestos. A ellos se les abrirá un proceso administrativo para determinar si procede el despido con responsabilidad patronal o sin ella.
Inocencia. Randall Peraza, coordinador de la Defensa Pública de Puntarenas, afirmó que este proceso de dos años significó un gran sacrificio para las familias de las personas acusadas.
“Fue una investigación que resultó ayuna de elementos para derrotar el estado de inocencia y decretar la culpabilidad. Había una intervención telefónica, pero ni siquiera con eso el Tribunal concluyó que era suficiente para decretar la culpabilidad”, señaló.