La Fiscalía de Atenas investiga un posible desfalco millonario en la sucursal del Banco Popular de Puntarenas centro y en la agencia periférica de Orotina, Alajuela.
Según el Ministerio Público, una denuncia presentada por la gerencia de la sucursal en Puntarenas advierte sobre movimientos sospechosos de dinero desde esa oficina a otras cuentas de la misma entidad bancaria.
La denuncia señala a dos altos funcionarios, uno de cada agencia, como los presuntos responsables. La Fiscalía estima que puede haber más involucrados.
La Nación se abstiene de revelar la identidad y el cargo de los sospechosos, pues el proceso se mantiene en investigación, y aún no hay una acusación formal.
Autoridades consultadas estimaron que el monto del desfalco asciende a ¢200 millones. Mariana Ramón, fiscala a cargo del caso, manifestó que la cifra es un poco menor.
La funcionaria declinó precisar el monto, pero aseguró que se trata de una suma millonaria.
La situación fue descubierta en setiembre del 2010, y desde ese momento la Fiscalía mantiene la investigación.
Ramón confirmó que los dos altos funcionarios son investigados por el presunto delito de peculado.
Transferencias. Los funcionarios de ambas sucursales, al parecer, inventaban cuentas bancarias que ellos manejaban para transferir fuertes sumas de dinero.
Por ahora, las autoridades no han determinado si existe algún vínculo entre ambas personas, que tienen al menos 13 años de laborar para el Banco Popular.
El delito de peculado surge cuando un funcionario público sustrae o distrae dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le ha sido confiada por razón de su cargo.
Ese delito está contemplado en el artículo 354 del Código Penal, y lo sanciona con una pena de prisión de tres a 12 años.
La Fiscalía aseguró que aún no han realizado la apertura de la evidencia documental y tecnológica decomisada hasta el momento.
Ante una consulta hecha por La Nación a Armando Rojas, director jurídico del Banco Popular, él respondió en un correo electrónico: “En cumplimiento con el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, en estos momentos no puedo brindarle información del tema que usted está solicitando”.
Ese artículo dispone que la información, documentación y otras evidencias de una investigación serán confidenciales durante la formulación del informe.
Lavado. Este supuesto desfalco en la sucursal de Puntarenas y la agencia de Orotina trasciende 10 días después de que la jefa de crédito del Banco Popular de San Ramón fuese detenida por supuestamente legitimar capitales.
Según el Ministerio Público, la funcionaria, de apellido Hidalgo, de 34 años, habría prestado servicios bancarios a un costarricense de 53 años, de apellido Mora, y a una mujer de 42, de apellido Alfaro, vinculados al cartel mexicano de Michoacán.
Hidalgo, al parecer, facilitaba a la pareja el acceso a créditos y los asesoraba para evadir los controles financieros. El Juzgado Penal de San Ramón impuso a los tres un año de prisión preventiva .