San José (Redacción). El Ministerio Público puso en duda hoy, durante el juicio ICE-Alcatel, la veracidad de cuatro contratos firmados entre la empresa Alcatel de Costa Rica y Servicios Notariales Q.C. e Intelmar, para justificar el pago de $14 millones.
La fiscala Greysa Barrientos dijo que dichos convenios fueron suscritos “mucho tiempo después” de que Alcatel había resultado favorecida con alguna compra directa o adjudicación de centrales telefónicas fijas y que, por tanto, en su criterio "el dinero pagado por esas asesorías fue de donde salió el dinero para los funcionarios públicos".
La representante de la parte acusadora del Estado puso como ejemplo un contrato firmado en febrero del 2002, por servicios de asesoria brindados por una compra directa que hizo el ICE de una ampliación de interconexiones de una central telefónica fija, y que fue adjudicada a Alcatel en el año 2000.
“El contrato dice que es para evaluar los criterios técnicos y de ingenieros del ICE, pero acaso Servicios Notariales Q.C. eran ingenieros, no, era una firma de abogados. Además, Rafael Rivas (funcionario de Alcatel) nos dijo aquí en juicio que esas contrataciones estaban amarradas, porque solo ellos (Alcatel) eran los que podían realizar esas interconexiones porque la central era de la marca Alcatel”, argumentó Barrientos.