El Ministerio Público solicitó desestimar por falta de pruebas una causa por el delito de lavado de dinero que se abrió desde el 2008 contra una jueza penal y su esposo.
La gestión fue acogida el pasado 21 de agosto por la jueza penal de Santa Cruz, Guanacaste, Melany Valdez Duarte, quien ordenó en la resolución devolver a los implicados el dinero decomisado: $277.000 y ¢7,9 millones.
Según la resolución del Juzgado, durante el tiempo que duró la investigación se estableció que los imputados nunca tuvieron la intención de ocultar o encubrir el origen del dinero ni que esos fondos fueran producto de una actividad ilícita.
Esta pesquisa se hizo pública el 25 de febrero del 2011, cuando la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales allanó la vivienda de la jueza, de apellido Dumani, situada en Arado de Santa Cruz, y el bufete de su esposo, de apellido Guevara, en la ciudad del mismo nombre.
En aquel momento, Guillermo Hernández, fiscal a cargo del asunto, dijo que el objetivo de la pesquisa era localizar evidencia que permitiera a la Fiscalía determinar el origen de los fondos manejados por la pareja desde el año 2003, que estimó podrían ascender a unos $35 millones y más de ¢500 millones.
Aunque La Nación pidió el martes a la oficina de prensa de la Fiscalía una explicación más amplia sobre lo sucedido en este caso, ayer solo se informó de que el fiscal de Delitos Económicos, Wagner Molina, estaba en reunión.
Molestia. El abogado de apellido Guevara dijo que seguramente su familia es una de las más investigadas de este país pues revisaron sus cuentas desde el 2004 hasta el 2012 y no hallaron ninguna anomalía.
Este profesional se dedica, entre sus negocios, a recibir dinero de extranjeros que desean invertir en propiedades en Guanacaste.
“Esta es una situación que me duele mucho, sobre todo el atropello de que fuimos objeto con el allanamiento, que se dio luego de tres informes contables previos donde no se detectó ningún ligamen con una actividad criminal”, dijo.
Guevara, quien habló también a nombre de su esposa, la jueza Dumani, dijo que en este momento están concentrados en reponerse como familia de todo lo sucedido.
“Fue un abuso y cuesta mucho entender por qué se dio. Fueron cargos muy graves, sobre todo para mi esposa, pero vea que a ella durante todo este tiempo no la suspendieron del cargo”, afirmó. Dijo que no sabe aún si entablarán alguna acción contra el Estado.