La fiscala auxiliar de homicidios del Ministerio Público, Sandra Lucrecia Castro Caamaño, de 59 años, lleva más de 20 años en el Poder Judicial.
Pero desde el año 2007 está incapacitada. A la fecha esta funcionaria acumula 1.482 días (4 años) de licencia por enfermedad.
Su caso ha generado polémica en el Poder Judicial.
Aunque al menos ocho médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Poder Judicial han dictaminado sus padecimientos psicológicos y físicos y la han incapacitado, el Consejo Médico-Legal del Poder Judicial ha emitido diagnósticos contrarios que desacreditan aquellos dictámenes y concluyen que Castro no está incapacitada para laborar.
Sandra Castro habló con La Nación el lunes 7 de mayo en su casa en Goicoechea, San José, delante de dos de sus hijos abogados.
Ella se desplaza en silla de ruedas. Advierte que debido a una caída reciente no puede caminar.
“La conclusión de que no me encuentro incapacitada para mis labores, no es congruente con las pruebas que se encuentran en el expediente médico”, afirma.
Castro contó que durante los últimos cinco años ha estado incapacitada por dolencias de tipo psicológico ante depresiones graves y últimamente fue sometida a una operación general de histerectomía, junto a la extirpación de un tumor en el vientre que ameritó una herida de 24 puntadas.
Añadió que padece de hipertensión y diabetes para lo cual toma tratamiento médico diario.
“ Mi historial médico psiquiátrico es muy amplio; yo no puedo trabajar más, solo quiero que me pensionen porque estar sin trabajar y ganando un salario es un desprestigio, pido que me pensionen”.
Hay pruebas. Según Castro, el Consejo Médico-Legal desconoce los motivos por los que ella y sus médicos aseguran que no puede trabajar pese a que constan en su expediente clínico.
“Por mi condición y por los medicamentos, no puedo conducir autos, no podría dirigir a los agentes del OIJ en una investigación o representar al Ministerio Público en un juicio, ni resolver expedientes y mucho menos participar en allanamientos, entrevistas a testigos o indagatorias ”, afirmó.
Las complicaciones a su salud, dice Castro, aumentaron el año pasado, cuando comenzó a recibir amenazas de muerte para ella y su familia de las que no se explica su origen. De estas amenazas enteró al fiscal subrogante Carlos María Jiménez quien le recomendó poner la denuncia.
“No quiero volver al Poder Judicial, con solo ver el edificio de los tribunales de Goicoechea, en donde trabajé, me da pánico”, concluyó la funcionaria.