48 familias vecinas de Mata de Limón, Esparza, tuvieron que desarmar sus ranchos luego de una orden de desalojo emitida por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, que al final de cuentas no se pudo ejecutar.
A las 7:30 a. m. autoridades de la Fuerza Pública, Migración, antimotines, así como retroexcavadoras y vagonetas llegaron a la finca, y los lugareños tuvieron que desmantelar sus viviendas en las que algunos tenían 14 años de residir. La notificación de los policías decía que tenían que desalojar en cuatro horas.
La finca, de unas 55 hectáreas, fue ocupada al parecer de manera ilegal, por lo que en el 2013 hubo una sentencia del Tribunal de Juicio de Puntarenas a favor de la Sociedad dueña de los terrenos. Posteriormente, el Tribunal de Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela ratificó el fallo y solicitó el desalojo de la propiedad.
Xinia López, quien vive con su hijo, fue una de las que empezó a desarmar su hogar hasta quedarse sin techo y algunas paredes.
"Fue una injusticia la que nos hicieron, ya que uno tiene muchos años de vivir aquí para que vengan y nos digan tienen que desalojar y lo peor es que desarmamos nuestra casa y luego nos salen con que hay un error. Ahora nos quedamos con la casa destruida y sin donde ir a dormir esta noche", afirmó.
A las 3 p .m. tanto los abogados de la parte denunciante y los oficiales de la Policía se marcharon del sitio, al mismo tiempo que los abogados de ambas partes se fueron a los Tribunales de Puntarenas.
De acuerdo con Carlos Hidalgo, vocero del Ministerio de Seguridad, la Fuerza Pública llegó con la orden firmada por el juez ejecutor, Franklin Cortés.
Una vez en el sitio, el topógrafo de la empresa Mamaroscar Princess S.A. -dueña de los terrenos- y el de las familias afectadas tenían planos diferentes, por lo que el abogado de la Fuerza Pública llamó al Juzgado y le dijeron que iban a estudiar los documentos presentados, por lo que el desalojo se suspendió.
Otra de las afectadas, Odilí Chavarría, de 68 años, vive sola y fue un vecino quien le ayudó a desalojar y dejar la casa sin una sola lámina de cinc.
"Cuando llegaron a decir que tenía que irme me asusté, ya que no tengo a donde ir. Un vecino me ayudó a desarmar mi casita y sacar las cosas al patio y al fin del asunto todo fue un error. Ahora tendré que pedir ayuda para ver como levanto mi casita de nuevo", dijo.
De las 48 viviendas la mayoría quedó con la casa sin paredes y sin techo por miedo de que la maquinaria pesada que se hizo presente le pasara por encima a todo lo que les ha costado armar.
Don Jose Ávila, quien tenía un pulpería en el barrio, tuvo que empacar los abarrotes que vendía en el pueblo para no perder lo que tanto le costó comprar y todo tuvo que llevárselo para donde un familiar en El Roble y pagar casi ¢100.000 a un camión de mudanzas.
"Ese juez debería de joder a las personas que hacen daño y no a nosotros los trabajadores que tenemos familias y mas de diez años de vivir aquí", dijo Ávila.