Las exigencias laborales que un grupo de empleados de La Reforma planteó anteayer al ministro de Justicia, Hernando París, elevan la crisis en esa cárcel.
En el centro penitenciario, ubicado en San Rafael de Alajuela, hubo un intento de fuga, el pasado 11 de mayo, que terminó con la muerte de dos presidiarios y un policía penitenciario.
Ayer, un grupo de funcionarios técnicos y administrativos de La Reforma realizaron un paro parcial durante cuatro horas para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo y de seguridad.
En ese lapso, varios psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, médicos y abogados del centro penitenciario dejaron sus funciones habituales para unirse a la manifestación pacífica que ocurrió frente a la cárcel.
En un documento enviado al Ministro, señalaron que el ámbito de Máxima Seguridad no será atendido por el personal técnico-administrativo hasta que se les brinden las condiciones óptimas y necesarias para trabajar.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresó que se debe declarar emergencia en el sistema penitenciario, y que, si no hay un diálogo con el ministro París, convocarán a huelga el lunes en todas las cárceles.
En los presidios del país trabajan unas 6.000 personas, de las que 3.600 son policías.
Lista de peticiones. El pliego de exigencias ya fue enviado al Ministro de Justicia, según Vargas, y consigna una serie de elementos que brindarían mayor seguridad a los funcionarios del centro penal en el desarrollo de sus funciones.
En la lista de peticiones están dotar de computadoras, mobiliario, materiales de oficina, chalecos e implementos de seguridad; crear un sistema de alarmas y altavoces en la cárcel; una central telefónica nueva y establecer salidas de emergencia en todos los ámbitos.
Además, instalar intercomunidores, construir cubículos para atención de la población, crear un gafete institucional de uso obligatorio, y mejorar las condiciones sanitarias y de higiene en dormitorios y en fortines de custodios.
París, ministro de Justicia, aseguró que una comisión técnica lleva varios meses diagnosticando las necesidades del centro para establecer varias de esas medidas que han planteado los funcionarios de la cárcel.
“Este viernes hay una reunión de validación de lo que han hecho los equipos de trabajo para luego tomar decisiones”, aseveró París.
“Hace un año, cuando yo entré, comenzamos a resolver los problemas. Me parece sorprendente que ahora, en vísperas de elección de Albino Vargas, nos quieran usar para traer al tapete cosas que ya hemos anunciado. Los problemas existen y se están trabajando por resolverlos”, afirmó París.
Vargas rechazó la afirmación del ministro y criticó que en la coyuntura electoral “se intente tapar una situación tan delicada”.
Luis Gerardo Fallas, defensor adjunto de los Habitantes, comunicó al ministro París que la Defensoría considera importante establecer el diálogo.
“Estamos conscientes de que la situación del sistema penitenciario no es fácil y que tiene un rezago de varios años”, dijo.
La Defensoría de los Habitantes ha reiterado que el faltante de técnicos ha sido constante frente al crecimiento de la población de presidiarios.
No obstante, París manifestó que hay una partida extraordinaria por ¢800 millones para contratar a 300 policías y 50 funcionarios técnicos a diciembre.