Un empresario de Pérez Zeledón fue detenido ayer como sospechoso de ordenar, el martes 17 de enero, un ataque de bala contra un ingeniero de la municipalidad de ese cantón, quien le negó los permisos para abrir una gasolinera.
Ricardo Blanco Solís, de 50 años de edad, fue arrestado en uno de sus negocios en La Palma de San Isidro de El General por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón.
Tanto el fiscal, Edgar Ramírez, como el director interino del OIJ, Francisco Segura, informaron de que en la acción se detuvo a otros sujetos como cómplices del atentado. Las autoridades los identificaron como de apellidos Saborío Saborío de 46 años, Blanco Prado, de 39, y Araya Leiva, de 40.
El Ministerio Público informó de que a los cuatro se les abrió un proceso por el delito de intento de homicidio.
Historia. Las investigaciones en este caso arrancaron el mismo 17 de enero cuando un desconocido disparó contra el ingeniero Álvaro Barrantes Leiva, de 34 años, cuando salía de su casa en Villa Ligia, Pérez Zeledón, para trasladarse a la Municipalidad.
Allí, es el coordinador de la Oficina de Planificación Urbana y Control de las Construcciones de la Municipalidad, y se encarga del visado de planos, uso de suelos y permisos de construcción.
La víctima resultó herida en un brazo y el abdomen.
Debido a esas lesiones todavía permanece incapacitado, confirmó ayer Vera Corrales Blanco, alcaldesa de Pérez Zeledón.
Edgar Ramírez dijo que en las pesquisas se determinó que el móvil del atentado fueron varias resoluciones adoptadas por Barrantes en el desempeño de sus funciones y en las cuales rechazó una petición para abrir una estación de gasolina en la comunidad de El Hoyón, en San Isidro.
La negativa fue por razones técnicas, pues el sitio es residencial.
Ramírez dijo ayer que constan al menos dos rechazos a la gestión.
Banda organizada. Francisco Segura manifestó que en las pesquisas se determinó que supuestamente el empresario fue “el autor intelectual y la persona que consiguió la logística a la persona que iba a disparar y consiguió las armas”. Insistió en que el ataque tenía como objetivo matar al ingeniero.
Agregó que en este caso también se determinó que hubo un cómplice que asistió al sitio de los hechos para confirmar que el delito se diera. La Fiscalía lo identificó como un taxista informal de apellidos Blanco Prado. Fue detenido en Las Juntas de Pacuar.
Blanco se encargó también de ayudar a escapar al sujeto que disparó, que es de apellido Araya y a quien detuvieron en Uvita de Osa.
Para la Policía, el encargado de conseguir el sicario y enseñarle la vivienda donde residía la víctima es un hombre de apellido Saborío. Este individuo, arrestado en la localidad de Cocorí, fue investigado por un delito de robo agravado en perjuicio de tres huéspedes de un hotel situado en la zona sur.
Francisco Segura dijo que durante los allanamientos a las viviendas de los imputados se encontró evidencia importante que los relaciona con el caso.
El jefe policial precisó que no se hallaron armas de fuego pero sí municiones.
Mientras tanto, el fiscal Edgar Ramírez precisó que en este caso se cuenta con un estudio de llamadas telefónicas que se dieron entre los imputados, luego de ocurrido el ataque contra el funcionario.
Los imputados fueron indagados ayer en la tarde y muy posiblemente se les va a pedir prisión preventiva. Ramírez no descartó que este caso, por las características y por el grado de complejidad, sea considerado como de crimen organizado. Colaboró: el periodista Alejandro Méndez.