Los presuntos líderes de un grupo sospechoso de estafar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con incapacidades falsas, permanecerán seis meses en prisión preventiva, según resolvió el Juzgado Penal de San José.
Los hombres, de apellidos Salazar y Zúñiga, fueron detenidos el miércoles pasado y laboraban para un banco privado, informó el Ministerio Público.
Otros 13 sospechosos de participar en la organización quedaron en libertad, pero con medidas cautelares.
El Juzgado les impuso impedimento de salida del país, mantener un domicilio fijo, así como no acercarse ni perturbar a los testigos y ofendidos en la causa.
La Fiscalía sostiene que 14 de los sospechosos fingieron estadías en un centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos que se ubica en Desamparados, cerca del Multicentro.
El albergue se llama Consorcio de Ayuda a Nuestros Hermanos de la Calle (Canhca).
El Ministerio Público defiende la tesis de que estas personas nunca estuvieron internadas y, por el contrario, se mantenían laborando en sus respectivas empresas para recibir el salario, más el pago de la CCSS por incapacidad.
Los imputados certificaron los supuestos internamientos ante el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Con esas certificaciones, iban a distintas clínicas de la CCSS, donde los médicos, quienes eran víctimas de engaño, entregaban las boletas de incapacidad.
Las pérdidas para la CCSS se calculan en ¢13 millones.
Cabecillas. Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Fraudes, dijo que Salazar y Zúñiga serían los líderes del grupo delictivo.
“Son los que van reclutando a las demás personas”, explicó.
El fiscal añadió que, de acuerdo con la investigación, los sujetos recibían dinero por sus propias incapacidades, pero también se dejaban una parte de las licencias que cobraban otros miembros del grupo.
La Fiscalía atribuye a Salazar el cobro ilegal de ¢3.343.768 por 336 días de incapacidad entre enero del 2010 y marzo de este año.
Salazar reportó 14 internamientos en menos de un año.
En el caso de Zúñiga, el monto fue de ¢1.425.294 por 204 días de incapacidad entre febrero del 2010 y abril del 2011.
Henderson explicó que se investiga si funcionarios de Cahnca o el IAFA tuvieron participación en los hechos. “Es parte de lo que estamos averiguando”, dijo.