Puntarenas. Tres sujetos fueron condenados a penas máximas por los asesinatos de un ganadero y un peón, perpetrados el 13 de mayo del 2011 en la comunidad de Quebrada Amarilla de Jacó de Garabito, Puntarenas.
El fallo fue dictado ayer por el Tribunal Penal de Puntarenas.
Las víctimas en este caso fueron el ganadero de origen canadiense Jacques Cloutier, de 59 años, y el peón costarricense Luis Antonio Angulo Díaz, de 70 años.
Los sentenciados son José Alexis Guerrero Godínez, quien era el administrador de la finca en la que Cloutier mantenía el ganado; Arturo de la Trinidad Navarro Rojas y Enrique Torres Marín.
Los jueces acogieron la acusación de la Fiscalía, que señaló a Guerrero como quien planeó los homicidios y le impusieron 18 años de prisión por el delito de homicidio simple, 35 años por homicidio calificado y 10 años por administración fraudulenta, para un total de 63 años de cárcel.
Mientras tanto, los otros dos condenados fueron quienes dispararon contra las víctimas. A Navarro, el Tribunal le dictó 35 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 18 por homicidio simple, para un total de 53 años.
Para José Enrique Torres Marín, la condena fue de 35 años de cárcel por cada uno de los homicidios calificados, por lo que pasaría 70 años en prisión.
Además, los tres sentenciados deberán cumplir prisión preventiva y pagar ¢10 millones por daños morales.
Plan. La acusación de la Fiscalía, que sustentó la condena, señaló que el conflicto que motivó el doble homicidio comenzó cuando Cloutier dejó 520 reses al cuidado de Guerrero, quien empezó a disponer del ganado.
Según las pruebas, Guerrero lo vendía en subastas y mataderos.
Cuando Cloutier se enteró de la situación, buscó a Guerrero para que le aclarara lo sucedido; sin embargo, este no le quiso dar explicaciones. Esa situación motivó a Guerrero para planear el crimen y llevarlo a cabo, según se indicó en el juicio.
Los análisis forenses determinaron que las víctimas murieron a causa de varios impactos de bala en la cabeza, que recibieron mientras viajaban en un vehículo marca Toyota Prado.
La sentencia en este caso fue dictada por los jueces Roberto Sobrado (presidente), Nancy Fernández y Eva Mora.