El despido ilegal de un oficial de la Fuerza Pública, en febrero del 2000, le costó al Estado ¢62 millones.
Sin embargo, esa erogación podría aumentar, pues el afectado tramita otra demanda laboral en la que exige el reconocimiento de los beneficios salariales que perdió mientras no laboró, y los gastos médicos que hizo tras enfermarse por “por el despido arbitrario”.
Este caso se refiere al oficial de la Unidad Canina del Ministerio de Seguridad, Mauricio Ramírez Quesada, de 51 años, quien estuvo fuera del trabajo nueve años y fue reinstalado el 16 de noviembre del 2008 en el mismo cargo.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, dijo que este caso refleja la necesidad de efectuar procesos de despido siguiendo el ordenamiento jurídico y dándole al involucrado la posibilidad de defenderse.
Agregó : “Esto le ha salido muy caro al Ministerio, pero abre otras escenarios como podría ser el contencioso-administrativo para que la Administración pueda responsabilizar a los funcionarios que toman este tipo de decisiones”.
El despido. El despido del oficial Ramírez se llevó a cabo el 18 de febrero del 2000, cuando el entonces ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, y el presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez, firmaron el respectivo decreto.
La decisión se fundamentó en el artículo 140, inciso 1, de la Constitución Política, que permite “nombrar y remover libremente a los miembros de la Fuerza Pública”.
Ramírez , quien se desempeñaba en la Unidad Canina desde el 1 de abril de 1985, se opuso a la medida y presentó una demanda laboral. En junio del 2005 logró que el Juzgado de Trabajo de San José le diera la razón y, en marzo del 2007, que el Tribunal de Trabajo ordenara su reinstalación y se le pagaran “los aguinaldos, los aumentos anuales, los salarios que dejó de percibir y el salario escolar”.
Luego, el 8 de febrero del 2008, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal y el Ministerio debió acatar las disposiciones judiciales.
Aunque la reinstalación de Ramírez se hizo efectiva el 16 de noviembre del 2008, el oficial no se reintegró al trabajo por problemas de salud, sino hasta finales del año pasado.
De acuerdo con una certificación de la Dirección Financiera de Seguridad Pública, emitida el pasado 29 de octubre de este año, debido a esta demanda ese ministerio debió pagar (en diferentes fechas) ¢42,9 millones por salarios dejados de percibir, daño moral y costa personales del proceso.
Además, luego, la entidad hizo reajustes por un monto de ¢18,9 millones por concepto de pagos de intereses y costas personales.
Reacciones. El exministro de Seguridad Rogelio Ramos manifestó que no se acordaba del caso, pero afirmó que la decisión se adoptó “con base en una atribución constitucional que está estipulada. Ese era el procedimiento para despedir a una persona que no estaba en el estatuto policial”.
Aunque se intentó hablar con Ramírez sobre el caso, este remitió a su abogada, de quien tampoco se pudo obtener su criterio.
Sin embargo, en los diversos escritos judiciales, ambos han sostenido reiteradamente que el oficial Ramírez siempre mantuvo una trayectoria limpia y libre de amonestaciones o sanciones.
Incluso, en el fallo de la Sala Segunda de la Corte se consigna: “No se trató de una remoción, pura y simple (...), sino de un abuso o desviación de poder, de un acto discriminatorio, intrínsecamente arbitrario (...). El despido resulta ilegítimo, radicalmente nulo y, consecuentemente, da derecho a la reinstalación y a los demás rubros accesorios o derivados”.