Vecinos de la urbanización Valladolid, en San Miguel de Desamparados, donde en setiembre de 2020 colapsaron 28 casas debido a un deslizamiento, cruzan los dedos para el éxito de una intervención que inició el 12 de diciembre y busca frenar la inestabilidad del terreno.
La llegada de tractores, vagonetas, retroexcavadoras, ingenieros y cuadrillas de trabajadores del Consorcio Tresa/Geotraesa comienza a cambiar el panorama tétrico de estructuras que apenas se mantenían en pie entre la maleza de lo que antes era parte de una barriada, la cual cedió ante la fuerza de la naturaleza.
Toneladas de escombros ya fueron removidos de la zona donde se construirán cinco terrazas, así como anclajes, rellenos de piedra y pantallas de concreto para dar firmeza al suelo y evitar que más viviendas amenazadas caigan al vacío.
Karen Torres, residente de una de las casas en riesgo, afirmó que esta Navidad será muy diferente a las últimas cinco, ya que desde el 25 de octubre de 2017, solo 21 días después de que la tormenta tropical Nate azotó al país, unos 50.000 metros cúbicos de una zona verde, la vía pública, postes y aceras se desprendieron en esa urbanización hasta el río Jorco, en el primer aviso de lo que vendría.
Desatendieron alerta
En setiembre del 2018, la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó un estudio durante más de seis meses, que los vecinos presentaron a la Municipalidad y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en marzo del 2019, pues alertaba sobre el peligro de un segundo deslizamiento. En efecto la tierra comenzó a moverse de nuevo en julio del 2020 sin que se actuara a tiempo, pues 28 casas colapsaron entre setiembre y octubre. El estudio fue el primer pronóstico válido de un deslizamiento urbano en el país.
La disposición del suelo donde se construyó esa urbanización hace más de 25 años, así como el plano inclinado en que estaban varias de las viviendas y el efecto de las lluvias generadas por la tormenta tropical Nate, fueron la causa de los desprendimientos de tierra.
Rolando Mora y Fabián Campos fueron los geólogos que lideraron el estudio de la UCR. Mora advirtió que toda la urbanización se iba a destruir paulatinamente si no se actuaba rápido.
Desde entonces, cada invierno era un suplicio, dijo Karen Torres, quien afirma que el arribo de la empresa constructora significa un alivio para todos, ya que les da certeza de que no van a perder sus casas, como ocurrió en el desprendimiento del 2020. Ella forma parte del comité municipal de emergencias y explicó que ya notificaron a los vecinos por chat para explicarles que durante los próximos meses van a tener ruidos y movimientos de maquinaria pesada, pero les conforta el objetivo final.
Costosa reacción
El peligro inminente llevó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a aportar los recursos por ¢2.820,5 millones que cuesta la obra, según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). El contrato de obra pública, firmado el 17 de noviembre, tiene una vigencia de ocho meses y contempla una prórroga de dos meses. Comprende la construcción de obras de estabilización geotécnica y de protección fluvial.
Algunos vecinos que perdieron su lote y su casa se trasladaron a lugares como Atenas de Alajuela o Tres Ríos de La Unión, pero 119 familias siguen en esa urbanización, con la esperanza de que las obras les devuelvan la tranquilidad, principalmente a quienes viven más cerca del desprendimiento.
Una de las cuatro casas que están a menos de dos metros del guindo es la de Jenny Duarte, de 51 años, donde vive con su madre de casi 80 años, su hija de 20 y dos nietos. Ella era dueña de una de las viviendas que el deslizamiento arrasó, la cual tenía alquilada; ahora tuvo que conseguir un trabajo para ayudar a su familia.
Dice que le causó nostalgia ver cómo días atrás empezaron a remover las casas del fondo, entre ellas la que fue suya y las de vecinos muy cercanos; pero por otra parte, le llena de esperanza saber que su casa actual pueda salvarse.
Hace poco, los ingenieros la visitaron para cerciorarse de que la estructura donde vive con su familia resista a las vibraciones de las nuevas obras y encontraron los pisos y paredes en buenas condiciones. Para ella, es como un sueño salvar la casa donde vive, máxime que es poco común que se realicen obras estabilizadoras en nuestro país.
Marisol Salguero, otra lugareña que vive a unos 25 metros del área que colapsó, afirma que apenas pasaron las lluvias, la empresa constructora entró y estableció el plantel que les llena de esperanza.
La estación lluviosa de este año no golpeó tan fuerte el distrito donde queda esa urbanización, de modo que con unas tuberías de desagüe colocadas por el municipio años atrás, se pudo canalizar las aguas mientras llegaba la solución definitiva.
Obra evitará represamientos en río
Como parte de las obras, se prevé una protección en el río Jorco para que las aguas no carcoman la orilla. Luego se hacen dos zanjas grandes, una en el fondo que mide unos 12 metros de largo y seis de profundidad, mientras que en la corona va otra de 22 metros de largo, la cual se rellena con piedras, para servir como un ancla.
Arriba, en la corona, al pie de las casas que quedaron al borde, se ponen pantallas de concreto que van en varios anclajes, los cuales penetran el subsuelo en más de 25 metros por debajo de las viviendas y así se sostiene el terreno.
Para la fase fuerte de la próxima estación lluviosa se espera que las obras estén terminadas y las familias puedan dormir en paz durante las noches de lluvia, algo que les ha tenido desvelados desde hace años, dijo Marisol Salguero.
Alejandro Picado, presidente de la CNE, comentó que el objetivo de esta obra es evitar que el deslizamiento se extienda hacia otras zonas para brindar mayor seguridad y protección a las familias, así como evitar un taponamiento del río Jorco, como ocurrió con el primer desprendimiento de tierra.
Personal de la CNE y de la municipalidad realizan monitoreos periódicos en la zona, con la finalidad de evaluar cualquier cambio en el comportamiento del área inestable. Se espera la conclusión de esta obra a mediados del año entrante.
Hazel Torres, alcaldesa, afirmó que la idea es proteger las casas que quedaron en pie y durante las obras habrá comunicación directa con el comité municipal de la zona para que se desarrollen sin obstáculos y tener cuanto antes los trabajos concluidos.
Atribuyó a causas naturales lo ocurrido y dijo que pese a las gestiones municipales ante el Ministerio de Vivienda, solo las familias que calificaron como de pobreza extrema tuvieron ayuda con el bono para levantar una casa en otro sitio.