Multas con montos superiores a los ¢424.200 y penas que van desde de uno a 10 años de cárcel, propone el Proyecto de Ley de Navegación Acuática, en trámite en la Asamblea Legislativa.
Las sanciones son para los infractores en aspectos de seguridad, de contaminación y hasta para los que den mal uso al combustible subsidiado.
Aunque se anuncia un texto sustituto para el proyecto en trámite, el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) –ente encargado de la vigilancia de los mares– espera que lo referente a la sección que contempla “delitos” no sufra cambios.
Sin embargo, el diputado Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que el tema de las penas tendrá que ser analizado con mucha cautela. “Ese tema hay que consultarlo al Poder Judicial a la Fiscalía. Habría que pensar en la modificación del Código Penal o del Código Procesal Penal”, agregó.
Mano fuerte. Los castigos con multa (de uno a cuatro salarios base), son, por ejemplo, para las personas que naveguen una embarcación sin contar con el título de capitán . La sanción se eleva de 5 a 20 salarios para quien navegue sin seguro.
Respecto a la imposición de prisión, se pretende, por ejemplo, que cuando se traslada a personas en exceso (caso de embarcaciones turísticas), la pena sea de uno a tres años.
Para aquellas embarcaciones que rebasen la zona autorizada de navegación, el castigo será también de uno a tres años de prisión.
La contaminación al derramar en el mar directa o indirectamente productos químicos o basura, será penado de 3 a 10 años de prisión. Precisamente sobre el tema de la contaminación, el 2 de mayo del 2015, se hundió frente a Puntarenas una barcaza que trasladaba 180 toneladas de nitrato de amonio.
Aunque se ordenó sacar los restos del navío, estos todavía permanecen en el mar, solo señalados por boyas.
El Ministerio Público abrió el expediente 15-000909-061-PE, pero el asunto se archivó porque la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) determinó que no existe en el país ninguna regulación para los traslados de material químico en el mar, informó la oficina de prensa de la Fiscalía.
El análisis del agua tampoco determinó que se afectaran ecosistemas.