¿Cómo se fiscaliza el uso del dinero que la CNE avala para las municipalidades u otros organismos?
Se fiscalizan los trabajos y se rinde un in forme cada seis meses a la Junta Directiva de la CNE, pero no hay una medida que permita una sanción o una acusación pública. Solo se les llama la atención.
¿Cuál es el mecanismo?
Tenemos la Unidad de Procesos de Reconstrucción que fiscaliza a las unidades ejecutoras e identifica qué es lo que va más atrasado y se hacen recomendaciones que la Junta Directiva tiene que disponer para agilizar el proceso de contratación. ¿Y si se incumple?
Después de un plazo se le quitan los recursos porque la Contraloría General de la República ha sido muy estricta al señalarnos que tenemos que guardar la trazabilidad hasta el final para garantizar que las obras se ejecutaron como tenía que ser.
¿Qué procede si una entidad se declara incompetente para ser unidad ejecutora?
La ley nos da la potestad de suprimirle su condición de unidad ejecutora y darle la tarea a otra institución.
¿Ha ocurrido?
Para este evento, no.
¿Se ejecutaron ya los recursos de las donaciones?
Sí, fueron unos ¢4.319 millones. Con cualquiera de las obras hechas justificamos esa inversión, pero llegamos a un acuerdo con algunos donantes de que varios trabajos los íbamos a desarrollar específicamente con ese dinero. Todavía faltan ¢96.000 millones para cubrir daños.
¿Y el dinero donado por Emiratos Árabes Unidos?
Suma alrededor de ¢5.600 millones que se van a usar en la recuperación de acueductos rurales y la unidad ejecutora va a ser AyA, lo cual le impone un reto a esa entidad, que casi nunca ha asumido las declaratorias de emergencia porque normalmente han reparado su propia infraestructura, pero esta vez verá acueductos rurales.