Una masa de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos (m³) de material podría comenzar a caer en el cauce del río Chiquito y poner en peligro a cientos de vecinos de La Unión, Cartago.
Así lo revela una auditoría realizada por el geólogo Allan Astorga, quien afirma que no hay tiempo que perder y que se debe intervenir el cerro Las Cazuelas lo antes posible.
Lidier Esquivel, jefe de Investigación y Análisis de la Comisión Nacional de Emergencias, (CNE), afirmó que desde 1980, esa región en San Rafael de La Unión comenzó a mostrar inestabilidad y se mostró de acuerdo con el plan para intervenirlo.
Ayer, el alcalde de La Unión, Luis Carlos Villalobos, explicó que ni la Municipalidad, ni la CNE, ni el Estado tienen los recursos por más de ¢1.200 millones que se requieren para remover el material inestable.
Por eso, la empresa Hacienda San Rafael cuenta con la venia de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y de la municipalidad local, desde el 2013, para un plan de aprovechamiento de ese material en 19 hectáreas de terreno.
Villalobos manifestó que se conformará una comisión con representantes de varias instituciones para que analice de forma inmediata el alto riesgo de una avalancha en el cantón.
Actualmente, lo único que falta para que Hacienda San Rafael comience los trabajos es el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.
Voces en contra. Jeannete Sánchez, vecina de San Rafael, expresó que el permiso de patente se dio sin estudios de suelos y sin la autorización del Ministerio de Salud.
“No estamos en contra de la empresa, estamos en contra de la forma como se han venido dando los permisos para hacer el tajo”, apuntó Sánchez.
Añadió que esa es una zona forestal y de protección de mantos acuíferos.
Sánchez cuestionó el hecho de que la compañía tenga unos tractores listos para trabajar y agregó que las calles colapsadas de La Unión carecen de capacidad para el constante tráfico de esos vehículos, que acarrearían el material del cerro y destruirían las calles del cantón.
Arturo Quirós, vecino de Sierras de La Unión, dijo que la intervención en el cerro Las Cazuelas podría provocar un desastre más grande y pidió que geólogos e ingenieros civiles brinden garantía de la operación.
Criterio científico. La Auditoría realizada por el geólogo Astorga, a solicitud de vecinos, indica que en 1980 y en 1994 hubo aludes con represamientos en esa zona.
Lo más crítico sería que el deslizamiento se active, represe el río Chiquito, genere un embalse y luego una avalancha.
La CNE propuso la necesidad de que la empresa coloque un sistema de alerta para que, en caso de un evento, la gente que vive aguas abajo tenga tiempo de evacuar, porque hay muchas propiedades en la zona de riesgo.
Astorga también planteó sustituir el uso de dinamita por mecanismos alternos, como taladros, que reducen las vibraciones en las zonas de riesgo.
Recordó que, en el 2006, un equipo multidisciplinario que él coordina alertó a la Municipalidad de Escazú de que la quebrada Lajas era zona de riesgo de avalancha. Sin embargo, no se actuó a tiempo y en el 2010 murieron 23 personas.
Peligro. Los insumos para un alud son lluvias intensas que saturan suelos y provocan movilización y, si aunado a ello ocurre un sismo en alguna falla geológica activa (como las de Tres Ríos), podría darse un evento.
Esas masas, cuando hay avalancha, desbordan los márgenes. En el caso de Lajas, se desbordó 40 metros a cada lado.
Actualmente, el agua todavía pasa por el río Chiquito, pero ya se nota que el cauce tiene obstrucciones parciales.
Una eventualidad en esa zona también podría afectar la vía férrea que comunica San José con Cartago y la autopista Florencio del Castillo, ya que el río también pasa bajo esa vía.
La auditoría de Astorga indica que se debe acatar el tiempo de cinco años que propone la empresa para extraer el material, en lugar de los 15 que propone la Setena. Astorga pidió a esa Secretaría dejar claro que la extracción de material del tajo se permitiría siempre que esté sujeta a la estabilización del deslizamiento.
“La razón de ser de ese tajo es que estabilice, en la medida de lo posible, el volumen de masa inestable que representa el deslizamiento”, detalló el especialista.
Un caso similar a este se presenta en río Reventado, a su paso por los diques en San Nicolás de Cartago donde, según Esquivel, en el deslizamiento conocido como Banderillas, a unos tres kilómetros del puente sobre ese río, la masa que se moviliza es extraída, se tritura y se vende.
“Es un modelo de ganar-ganar. Gana el empresario que promueve la actividad y gana la comunidad, porque se le interviene una zona de riesgo”, resaltó.
Si no existiera esa actividad de extracción, habría que destinar unos $200.000 mensuales para limpieza del cauce, dinero con el que no cuenta el municipio.